Angela Merkel se resiste a prohibir la circulación de vehículos diésel

La canciller alemana, Ángela Merkel, ha anunciado que ampliará de 500 a 1.000 millones de euros el Fondo de Movilidad para luchar contra la contaminación de los vehículos diésel y evitar así la prohibición de circulación de este tipo de automóviles en distintas ciudades germanas.

Acompañada por el ministro de Asuntos Exteriores y vicecanciller, Sigmar Gabriel, la máxima mandataria alemana se reunió con representantes de las administraciones locales y explicó que el Gobierno alemán aportará al fondo un total de 750 millones de euros, mientras que la industria automotriz destinará 250 millones a dicho fin.

La noticia llega después de que a principios del pasado mes de agosto, políticos alemanes y los máximos responsables de compañías automovilísticas alcanzaran un acuerdo para actualizar el software ilegal en 5,3 millones de coches diésel y la creación de dicho fondo para mejorar la infraestructura del transporte urbano.

Además, Merkel avanzó que tras las elecciones generales de Alemania --24 de septiembre-- el Gobierno se volverá a reunir con la industria del automóvil.

Los 1.000 millones podrían ser empleados por las administraciones locales, según la propia canciller alemana, para mejorar el transporte público, implantar estaciones de recarga para automóviles eléctricos o instalar sistemas de control de tráfico, entre otras iniciativas.

Por su parte, diferentes ciudades relevantes alemanas como Múnich o Stuttgart están considerando la posibilidad de prohibir la circulación de algunos modelos con motores diésel, con el fin de mejorar la calidad del aire en los núcleos urbanos.

"Debemos hacer todo lo posible para evitar las prohibiciones de los vehículos diésel. Todos estamos de acuerdo en que necesitamos hacer un esfuerzo enorme", concluyó Merkel.

Cabe destacar la importancia de la industria automovilística para la economía alemana. En cuanto al Dieselgate, el pasado 31 de agosto un tribunal alemán rechazó que Volkswagen tenga que compensar a sus clientes afectados por la instalación del software ilegal.