Las empresas serán sancionadas si no justifican los contratos temporales

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha avanzado este jueves 25 de enero en el Congreso de los Diputados que la Inspección de Trabajo endurecerá las sanciones para acabar con la temporalidad injustificada en el mercado de trabajo y que impondrá sanciones por cada contrato que carezca de causalidad.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Empleo y Seguridad de la Cámara Baja, a la que ha acudido para informar sobre la evolución del mercado de trabajo, Báñez ha avanzado que el Gobierno trabaja "en nuevas medidas para acabar con la temporalidad injustificada" para disuadir "para siempre" el recurso de la temporalidad como forma habitual.

De esta forma, las empresas serán sancionadas por cada contrato laboral en el que la Inspección de Trabajo detecte fraude. Según el Gobierno, la cuantía con esta interpretación será mayor que hasta ahora. Actualmente, las empresas son sancionadas una vez al detectarse fraude, y la cuantía de la sanción aumenta en función del número de trabajadores afectados por esta situación.

"Queremos que la temporalidad sea justificada y no claramente abusiva", ha abundado Báñez, que ha explicado que este endurecimiento de las sanciones y de su metodología se acompañará con un estudio por parte de sindicatos y patronal sobre el peso de la contratación temporal, sector a sector, "para que no se produzca una contratación temporal injustificada".

"LA TEMPORALIDAD INJUSTIFICADA REPELE TALENTO"

"La temporalidad injustificada repele talento, distorsiona mercado y merma la competitividad y la productividad de las empresas, y los ingresos de las arcas públicas", ha aseverado la ministra, que ha criticado que "detrás de cada contrato en fraude hay una vulneración de derechos", por lo que ha justificado la necesidad de "dar un paso más". La ministra ha lamentado que "la contratación temporal sigue siendo excesivamente elevada".

Las propuestas transmitidas por el Gobierno a los agentes sociales pasan por una reducción en el número de contratos a tres --indefinido, temporal y de formación-- con una indemnización de despido creciente para los contratos de duración determinada de 12, 16 y 20 días por año trabajado. En todo caso, ha defendido que el contrato temporal "va a seguir siendo causal" y que el "referente" en el mercado de trabajo "tiene que ser el contrato indefinido".

MÁS FORMACIÓN EN EL CONTRATO DE APRENDIZAJE

Asimismo, la ministra ha avanzado que, en el marco de este diálogo social, el Gobierno va a proponer a las organizaciones empresariales y sindicales nuevas "mejoras" en la regulación de los contratos de formación y aprendizaje, con el fin de "ampliar la formación asociada a estos contratos en las necesidades que detecten empresas y sectores en la negociación colectiva".

Báñez se ha referido al contrato de formación como "gran puente" y "palanca para el empleo joven" en España. Según Empleo, la ampliación de estas actividades facilitará la empleabilidad de los jóvenes y sus posibilidades para permanecer en el puesto de trabajo, accediendo a un contrato indefinido.

EL COMPLEMENTO SALARIAL

Durante su intervención, Báñez también se ha referido a la anunciada ayuda de 430 euros para jóvenes que accedan a un contrato en formación, y ha señalado que espera poder incluir su regulación en el articulado del proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Tras alcanzar el acuerdo con Ciudadanos y lograr su financiación con fondos europeos de la Garantía Juvenil, el Gobierno no ha encontrado apoyos suficientes en el Congreso para poder sacarlo adelante. Báñez ha criticado el rechazo manifestado por varios partidos, como PSOE y Unidos Podemos, y ha aseverado que "tendrán que explicar por qué no quieren que un joven inicie su actividad con un contrato y salario de, al menos, 1.000 euros".

Otras de las medidas propuestas por Báñez dentro del diálogo social para mejorar la formación y la empleabilidad entre los jóvenes es la del desarrollo de una herramienta digital con la que informar en tiempo real de toda oferta formativa en el sistema público de empleo.