​El presidente del Supremo pide no degradar el delito de enaltecimiento juzgando actos "sin ninguna trascendencia"

El presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, se ha mostrado partidario de mantener tipificado el delito de enaltecimiento del terrorismo pero ha admitido que "si actos menores, sin ninguna trascendencia, se consideran delito de enaltecimiento, podría degradarse" el delito.

En una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press, Lesmes ha remarcado que enaltecer el terrorismo es "fomentarlo y legitimarlo" y por tanto merece un reproche penal. No obstante, ha añadido que cada caso debe valorarse y ahí entra la labor del juez, que es a quien le corresponde ponderar la importancia del acto.

Por otro lado, ha opinado que en los casos más mediáticos que se han dado en España "los jueces han actuado de manera prudente" y no "justiciera". Es más, aunque ha señalado que el propio Código Civil habla de tener en cuenta la realidad social, ha señalado que los jueces deben procurar impartir "una justicia justa y no justiciera, que pretenda dar satisfacción a bajos instintos de determinados sectores sociales", y tener "la suficiente profesionalidad" para "sustraerse de esos entornos que a lo mejor reclaman una respuesta excesiva" y aplicar sólo la ley.

Lesmes también se ha mostrado partidario de un régimen más estricto para los jueces que dejan temporalmente sus plazas para dedicarse a la política. A su modo de ver, el actual, que data de 2011, es "bastante libérrimo" y los jueces pueden irse de su plaza a ocupar incluso un escaño y volver justo después, con la excepción de los magistrados del Tribunal Supremo.

Además, aunque asegura que la Justicia no está politizada, sí cree que hay cierta "percepción de politización" y lo ha achacado a distintos motivos, entre ellas la existencia de la figura de la acusación popular, que es utilizada por los partidos para trasladar a los tribunales cuestiones políticas.

Lesmes, que ha defendido las penas impuestas a los condenados por la organización de la consulta independentista del 9-N, ha remarcado que cuando se incumple la ley hay que acudir a los tribunales y "si la ley se aplicase por pura conveniencia política no sería un Estado de Derecho". Otra cosa, ha admitido, es que "no se pueden solucionar problemas políticos acudiendo a los tribunales".