Los 27 dan luz verde final a la ley para impulsar la fabricación doméstica de tecnologías limpias

Los Veintisiete han dado este lunes luz verde final a la ley para una industria de cero emisiones, que busca acelerar permisos al relajar los trámites burocráticos y acortar los plazos temporales para potenciar la fabricación doméstica de nuevas tecnologías bajas en carbono con el fin de alcanzar los objetivos de la UE.

El objetivo es que la UE fabrique en 2030 al menos el 40% de las necesidades anuales de despliegue de tecnologías estratégicas, como paneles solares fotovoltaicos, aerogeneradores, baterías o bombas de calor, para huir de dependencias de terceros países y no perder la carrera frente a competidores como China o Estados Unidos.

El plazo de entrega de un permiso para construir o ampliar grandes proyectos de fabricación de estas tecnologías --más de 1 gigavatio (GW)--, así como los no medidos en gigavatios, será de un máximo de 18 meses, mientras que para los proyectos de menor tamaño --por debajo de 1 GW--, el plazo para entregar el permiso será de 12 meses.

También se establecerán plazos más cortos para proyectos estratégicos e independientemente de los plazos, el procedimiento garantizará que dichos proyectos sean seguros y ambientalmente sostenibles y que cumplan con los requisitos ambientales, sociales y de seguridad.

La contribución a la sostenibilidad ambiental será un requisito mínimo obligatorio, mientras que la contribución a la resiliencia se aplicará si existe una dependencia de un tercer país superior al 50% para una tecnología de cero estratégica específica o para sus componentes. Este criterio sólo se tendrá en cuenta si la Comisión ha evaluado primero el nivel de dependencia de cada tecnología de un tercer país en particular.

Además, la ley establece una capacidad de inyección anual de al menos 50 millones de toneladas de CO2 que deberá alcanzarse en 2030 en emplazamientos de almacenamiento geológico situados en el territorio de la UE.

La ley para una industria de cero emisiones es una de las tres iniciativas legislativas clave del Plan Industrial del Pacto Verde de la Comisión --junto con la ley de materias primas críticas y la reforma del diseño del mercado eléctrico-- para mejorar la competitividad de las tecnologías 'limpias' europeas y apoyar una rápida transición hacia la neutralidad climática.