Marcha del taxi en Madrid el día 20 en protesta por las 8.500 licencias de VTC a Cabify

La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) ha anunciado este lunes una marcha de taxistas el próximo día 20 en la capital en protesta por las 8.500 últimas autorizaciones de VTC a la empresa Cabify por parte de la Comunidad de Madrid en el marco de un proceso judicial que se prolonga desde hace años.

En concreto, partirá a las 11 horas desde la sede del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y recorrerá el Paseo de la Castellana, desde el cruce con la calle San Germán hasta la calle Raimundo Fernández Villaverde, cerca de la sede de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, en la calle Maudes.

Durante el recorrido, se realizará una parada en la sede del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, donde los portavoces de la FPTM entregarán un escrito con las pretensiones del colectivo. De la misma manera que ocurrirá, al finalizar la marcha, en la sede de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.

Una medida de protesta, explica la Federación, "ante la falta de respuesta por parte de las Administraciones y con el objetivo de lograr "un equilibrio real y justo entre licencias de taxi y autorizaciones VTC", además de denunciar "las trampas" de esta empresa.

La FPTM denunció recientemente que, tras una proceso de fiscalización, ha detectado "irregularidades que dejan al descubierto las "trampas" de la conocida empresa de VTC en la presentación de la documentación requerida".

En concreto, la Comunidad de Madrid supeditó la concesión de todas esas licencias a que la empresa acreditese que cuenta con todos los vehículos necesarios para operar todas esas licencias de VTC, algo que Cabify cree que contraviene las resoluciones judiciales.

En este marco, la Federación Profesional del Taxi de Madrid ha indicado que ha "comprobado la existencia de prácticas inaceptables y que contravienen las exigencias de la Comunidad de Madrid para la concesión de licencias".

"Las irregularidades en la concesión de autorizaciones a empresas de VTC no se han atajado por parte de ninguna Administración de manera contundente, con la consecuente asfixia del colectivo y la incertidumbre para miles de familias"", ha apuntado el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sanz.

En concreto, la Federación aseguró haber comprobado que "la documentación presentada es tangible, pero los vehículos asociados a esa documentación aportada no estaban a disposición de la compañía de VTC". Sobre este punto, ha explicado que esto se debe a que "los documentos presentados correspondían a vehículos propiedad de empresas de alquiler y flotas de renting, destinados a tales usos".

"Este fraude se ha podido acreditar a través del alquiler de un número considerable de estos vehículos. Incluso se ha comprobado que algunos de ellos ya se habían vendido antes de presentar la documentación", defendió la FPTM en un comunicado.

En esta línea, su presidente alegó que Cabify "ha solicitado miles de autorizaciones y las está vendiendo antes de que se las concedan". "Estamos hartos de que se haga negocio con la movilidad en las ciudades y entendemos que existe recorrido para que rindan cuentas ante los tribunales", advirtió Sanz.

En este mismo marco, la Federación alertó ante la activación de estas licencias. "La activación de una sola de estas autorizaciones da carta de naturaleza a ese fraude y supone un escándalo que deja en evidencia la ineficiencia de los procedimientos", denunció.

Al hilo, subrayó que esta situación "no solo pone en peligro al sector público del taxi, sino que también afecta al correcto funcionamiento y sostenibilidad de la movilidad urbana, con un impacto negativo y directo sobre los ciudadanos, debido a la consecuente congestión del transporte en la ciudad de Madrid y en otros muchos municipios de la Comunidad Autónoma".

Por todo ello, reclamó una solución a las Administraciones e hizo un llamamiento a los "incautos que llegan a invertir hasta 40.000 euros en licencias de VTC que solo son provisionales, sin una garantía real de que vayan a salir adelante al depender directamente de las resoluciones judiciales pendientes".

BOLT Y CABIFY
Este mismo miércoles, Bolt ha mostrado su rechazo a la concesión de 8.500 nuevas licencias VTC a Cabify en Madrid, al considerar que "amenaza con desequilibrar gravemente el mercado", ya que esta empresa tendría en su poder cerca del 70% de las autorizaciones activas de VTC en la región.

Según ha advertido, Cabify se acercaría al volumen total de licencias de taxi en Madrid, donde actualmente hay en torno a 15.000, frente a las 8.874 de VTC en el conjunto del sector.

En respuesta, Cabify ha incidido en que las 8.500 nuevas licencias que la Comunidad de Madrid le otorgará para operar el servicio de VTC son fruto de resoluciones judiciales que han dado la razón a la empresa.

"Estas 8.500 licencias nos las han concedido los tribunales. En España nos gusta cumplir las sentencias judiciales", han añadido en respuesta a la compañía con sede en Estonia.

LARGO PROCESO JUDICIAL
Cabify pidió un paquete de autorizaciones el 20 de abril de 2018, justo un día antes de que el Gobierno de Mariano Rajoy hiciera entrar en vigor un decreto que limitaba la ratio de VTC a solo una por cada 30 de taxi. No obstante, Madrid las denegó aplicando ese criterio, algo que la compañía recurrió y llegó al Supremo, donde se dio la razón a la empresa.

Sin embargo, el Gobierno central actual también aprobó una ley en junio de 2023 para otorgar a las comunidades autónomas y ayuntamientos una serie de herramientas para limitar las autorizaciones de licencias VTC con arreglo a motivos medioambientales y gestión del tráfico en las ciudades, después de que la justicia europea tumbase la ratio 1/30 pero dejase la puerta abierta a restringir nuevas licencias por esos dos motivos.

En julio de 2024, la Comunidad de Madrid volvió a denegar todas las solicitudes y Cabify recurrió a la Justicia, teniendo como resultado nuevas resoluciones que le volvieron a dar la razón y le confirieron su derecho a recibir las autorizaciones.