Taxistas marchan en Madrid contra las 8.500 nuevas licencias de VTC a Cabify: "Quieren terminar con el taxi"

Cientos de taxistas se han manifestado este miércoles en Madrid para protestar por las 8.500 últimas autorizaciones de VTC a la empresa Cabify en el marco de un proceso judicial que se prolonga desde hace años y reclamar a las administraciones un equilibrio "real y justo" entre ambos sectores.

Los taxistas, convocados por la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM), con el apoyo de la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), han comenzado a marchar sobre las 10.30 horas frente a la sede del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, en el número 162 del Paseo de la Castellana, hasta el Ministerio de Transportes, en el 67 de esta misma vía, con dirección a la Consejería de Transportes de la Comunidad, en la calle Maudes.

Tres paradas donde se hace entrega de un documento con sus reivindicaciones, entre ellas las de impedir la proliferación de concesiones masivas de licencias para vehículos de transporte con conductor, principalmente a Cabify, y garantizar un equilibrio entre licencias de taxi y VTC.

Actualmente, en la Comunidad de Madrid hay 8.873 autorizaciones VTC, frente a las 15.931 de taxi, según las estadísticas del Ministerio de Transportes correspondientes al mes de mayo. Así, con la concesión de estas 8.500 nuevas licencias a Cabify, las autorizaciones para vehículos de transportes con conductor superarían a las licencias de taxis.

En declaraciones a los medios antes de iniciar el recorrido, el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sanz, ha advertido de la "auténtica barbaridad" que supone este número de licencias de VTC para alertar ante lo que él considera que será la "ruina" del sector y el fin del empleo para más de 100.000 familias, además de suponer "el secuestro de la movilidad de los ciudadanos" en una ciudad como Madrid.

Los taxistas han ocupado los seis carriles de la Castellana, marchando lentamente y haciendo sonar sus bocinas, tras una gran pancarta en la que se podría leer 'Una invasión, no cabe ni una más'.

Encabezados por una comitiva a pie que ha lanzado consignas como 'VTC, otra mierda es' o 'No podemos más', los taxis han recorrido esta arteria de Madrid, desde el cruce con la calle San Germán, en dirección a la calle Raimundo Fernández Villaverde', en las proximidades de la sede de la Consejería.

La comitiva, que ha contado con el control de la Policía Nacional, realiza el recorrido de unos 3 kilómetros haciendo sonar las bocinas de sus vehículos, muchos de ellos con pegatinas en sus coches con lemas como 'El trabajo en España y los negocios en paraísos fiscales', 'Miles de VTCs en Madrid es una brutal invasión' o 'Especulación consentida por la Administración'.

En declaraciones a Europa Press, Marcos Rodríguez, que trabaja en el sector desde hace casi 20 años, ha subrayado que supone la "ruina total del sector". "En total van a igualar el número de taxis, por lo cual nos colocarían cerca de 40.000 vehículos prácticamente sin control. Lo estamos viendo como muchos aparecen sin seguro, con seguros por horas asegurados en Francia y esto la administración tiene que cortarlo, pero ya", ha dicho.

Por su lado, Jorge, que lleva tres años de taxista, ha recalcado el impacto que esto tendría en la movilidad para una ciudad como Madrid, "Además de que habrá menos trabajo, va a ser un caos para la ciudad porque va a ser una congestión de tráfico, va a ser brutal", ha advertido.

SITUACIÓN JUDICIAL
Estas nuevas licencias VTC son un primer paquete de 25.000 autorizaciones que se han peleado en los juzgados desde abril de 2018, aunque deberán ponerse en marcha de forma inmediata y todas de golpe, frente a la incorporación progresiva que defiende la compañía, y que cuentan con una moratoria de cuatro años. El plazo definitivo finaliza el próximo 17 de junio, según apuntan a Europa Press fuentes regionales.

El presidente de la Federación ha avanzado que esta misma mañana han presentado ante la Fiscalía de Madrid "un amplio expediente" con "las pruebas" que demuestran que existe falsedad documental por parte de Cabify.

En concreto, asegura haber comprobado que "la documentación presentada es tangible, pero los vehículos asociados a esa documentación aportada no estaban a disposición de la compañía de VTC". Según apunta, correspondían "a vehículos propiedad de empresas de alquiler y flotas de renting, destinados a tales usos".

Desde el Gobierno regional ya han anticipado que se agotará la vía judicial al no compartir esta decisión. Así, la Comunidad ha presentado un recurso de reposición y, en el momento procesal oportuno, presentará un recurso de casación.

El consejero de Vivienda, Transportes y Movilidad, Jorge Rodrigo, apuntó recientemente que, en cualquier caso, "siempre y cuando se cumplan los requisitos que establece la normativa" el juez obliga a entregar las licencias.

Por su lado, Cabify incide en que las 8.500 nuevas licencias que la Comunidad de Madrid le otorgará para operar el servicio de VTC son fruto de resoluciones judiciales que han dado la razón a la empresa. "Estas 8.500 licencias nos las han concedido los tribunales. En España nos gusta cumplir las sentencias judiciales", añadió la compañía con sede en Estonia.

MANIFESTACIONES EN TODA ESPAÑA
En declaraciones a los medios, Emilio Mosquera Rodríguez, presidente de UTAGA (que representa a los taxistas gallegos), ha trasladado su apoyo a los compañeros madrileños y ha avanzado la intención de extender las movilizaciones al resto del país para hacer "una defensa potente del sector" en España.

Un 20% de estas nuevas licencias a Cabify, que cuentan con una moratoria de cuatro años, ha explicado, habilitan para el ejercicio en otras provincias de España. "Los siguientes pasos serán que en cada autonomía haga manifestaciones de carácter autonómico e intentaremos colapsar los puertos, aeropuertos y estaciones de tren", ha apuntado.

"La idea es pelear hasta donde tengamos que llegar, hasta donde tengamos que llegar", ha apuntado para recalcar que es una cuestión de "supervivencia". "El Ministerio de Transportes tiene la capacidad para hacer cosas y decir oye, hasta aquí se llegó, y obligar a las comunidades con un Real Decreto ley o con lo que sea, a decir se acabó. No es solo que ocupen nuestro espacio, es que van a ocupar el espacio de las calles", ha advertido.

Julio Sanz, por su lado, ha subrayado que el caso de Madrid va a ser "un poco el experimento, el banco de pruebas a nivel nacional, porque en todo el territorio nacional están pedidas miles de autorizaciones que sin duda no tienen otro objetivo que terminar a corto plazo con el servicio público del taxi".

"Luego, una vez erradicada la competencia, poner ellos sus condiciones, hacerse con el mercado y desde luego quitar ese servicio de interés público que es el taxi. Detrás de todo esto hay una maniobra especulativa muy interesante, sin duda alguna estas autorizaciones antes de ser adjudicadas están siendo ya vendidas, antes de ser adjudicadas están siendo vendidas y ya están poniéndole un precio a este pelotazo", ha denunciado.