jueves, 10 de julio de 2025 18:05

Economía

La autorización de proyectos renovables en España suma 2.350 MW en el segundo trimestre, un 29% menos

Las autorizaciones administrativas de construcción de renovables en España sumaron en el segundo trimestre de 2025 un total 2.349,9 megavatios (MW) de un total de 137 proyectos, lo que representa una reducción de casi el 29% con respecto a los 3.291 MW del primer trimestre del año, según un informe del Observatorio de Energías Renovables, elaborado por Opina 360 con datos del Boletín Oficial del Estado (BOE) y de los boletines de todas las comunidades autónomas.
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Archivo - Placas solares, fotovoltaica, energía limpia

Las autorizaciones administrativas de construcción de renovables en España sumaron en el segundo trimestre de 2025 un total 2.349,9 megavatios (MW) de un total de 137 proyectos, lo que representa una reducción de casi el 29% con respecto a los 3.291 MW del primer trimestre del año, según un informe del Observatorio de Energías Renovables, elaborado por Opina 360 con datos del Boletín Oficial del Estado (BOE) y de los boletines de todas las comunidades autónomas.

El director de Opina 360, Juan Francisco Caro, considera que estos datos confirman la tendencia negativa observada en los primeros meses del, acentuándose entre abril y junio.

"No solo se ha reducido en 941 MW el volumen de potencia autorizada para construir con respecto al trimestre anterior, sino que no se ha llegado ni a la mitad de lo permitido hace un año, cuando se rozaron los 4.900 MW", indicó Caro, añadiendo que "si el ritmo no cambia en el segundo semestre, 2025 acabará con un importante frenazo en el desarrollo de las renovables en España, a pesar de que todavía queda mucho para alcanzar los objetivos de 2030".

En concreto, por tipo de fuente, el 84,9% de la capacidad aprobada en el segundo semestre del año fue de energía fotovoltaica, con un total de 1.995 MW, muy por delante de otras energías como la eólica, con 354,8 MW (15,1%).

Del total de proyectos, once se concedieron desde el Ministerio para la Transición Ecológica y 130 por parte de las comunidades autónomas. En esta ocasión, las administraciones regionales también otorgaron la mayor parte de la potencia instalada, con 1.578,2 MW, mientras que el Gobierno central autorizó 771,6 MW. Por lo tanto, en potencia las comunidades autónomas han gestionado dos tercios del total (67,1%), mientras que en instalaciones el 92,8%.

Desde el punto de vista territorial, Castilla-La Mancha encabezó la potencia autorizada para construcción en este periodo, con 559,7 MW, seguida por Andalucía (434,1 MW) y Aragón (364,5 MW). Por el contrario, Canarias, País Vasco y La Rioja fueron las únicas regiones que no otorgaron autorizaciones de construcción en este trimestre.

Asimismo, durante el segundo trimestre del año se publicaron 75 declaraciones de impacto ambiental favorables, con una potencia total de 1.904,6 MW. De esta capacidad, el 77,5% (1.475,4 MW) correspondió a instalaciones fotovoltaicas, el 19,9% (379,2 MW) a parques eólicos y el 2,6% (50 MW) a centrales de biomasa. Andalucía lideró en volumen de potencia con evaluación ambiental positiva, alcanzando los 456,7MW.

En cuanto a la autorización administrativa previa, a lo largo de este trimestre se otorgó a 54 proyectos que, en conjunto, sumaron una potencia de 782,7 MW, de los que 711,2 MW corresponden a instalaciones fotovoltaicas y 71,5 MW a parques eólicos. Las comunidades autónomas gestionaron el grueso de los proyectos.

Murcia fue la comunidad donde se otorgó autorización administrativa previa a un mayor volumen de potencia (240,2 MW), por delante de Andalucía (147,5 MW) y Castilla y León (139,5 MW). Por su parte, en seis comunidades no se concedieron permisos previos para proyectos de energía renovable.

MÁS DE 4.500 MW, EN FASE INICIAL.
Por otra parte, un total de 262 proyectos de energías renovables han entrado en fase de información pública, con una capacidad de generación conjunta de 4.571,9 MW. De esta cifra, el 52,3% procede de instalaciones fotovoltaicas (2.932,6 MW), el 47,6% a parques eólicos (2.176,7 MW) y el 0,1% a proyectos hidroeléctricos (2,7 MW).

De entre ellos, 36 proyectos solicitaron solamente el permiso previo, mientras que los demás proyectos (226) pidieron también la autorización de construcción, la declaración de impacto ambiental y/o el reconocimiento de utilidad pública.

Por su parte, Aragón volvió a ser la comunidad con mayor volumen de potencia en proyectos que están en información pública, con 1.140 MW. Por detrás se situó Andalucía, con 942,3 MW, seguida por Castilla y León, con 535,9 MW.

En el extremo opuesto, Cantabria fue la única comunidad en la que no se sometieron proyectos de energías renovables a información pública en el segundo trimestre del año.

DESESTIMADOS 1.350 MW.
Por otro lado, las administraciones rechazaron 34 proyectos de energías renovables que, en conjunto, sumaban 1.349,1 MW de potencia. De estos, 20 correspondían a instalaciones solares fotovoltaicas (808,6 MW) y 13 a parques eólicos (401,5 MW).

En cuanto al reparto administrativo, el Ministerio denegó el 50% de la potencia rechazada (17 proyectos), mientras que los gobiernos autonómicos fueron responsables del otro 50%, también con 17 iniciativas.

Los principales motivos detrás de las desestimaciones fueron la caducidad de los permisos, que afectó a 13 proyectos (699,1 MW), y los informes ambientales desfavorables, que motivaron el rechazo de 12 iniciativas (434,9 MW). Además, siete proyectos fueron descartados por desistimiento y dos por incumplir requisitos urbanísticos.

Al margen de los proyectos de generación, las comunidades autónomas otorgaron autorización administrativa de construcción a siete proyectos de almacenamiento, con una potencia total de 29,3 MW, de las cuales 15 MW corresponden a tres parques de baterías en solitario y 14,3 MW a dos instalaciones híbridas con proyectos fotovoltaicos, repartidos entre Navarra, Aragón y Castilla-La Mancha.

En una fase más temprana se encuentran 19 proyectos de almacenamiento que se han expuesto al público durante el segundo trimestre por una potencia instalada conjunta de 523,8 MW. Andalucía fue la comunidad donde se sometió más capacidad de almacenamiento a información pública, con 200 MW de un proyecto de baterías en Cádiz.

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