España impulsa medidas comerciales en defensa del acero junto a otros países europeos como Austria o Bélgica

España, junto a Austria, Bélgica, Bulgaria, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Polonia, Rumanía y Eslovaquia, ha apoyado una propuesta con medidas comerciales en defensa del acero europeo que aseguren la continuidad de este sector con "alto valor estratégico y esencial en las etapas iniciales de las cadenas de valor como las de automoción, energía, construcción o defensa".

Así, según ha indicado en un comunicado el Ministerio de Industria y Turismo, las plantas siderúrgicas contribuyen al "dinamismo de muchas economías regionales" y, por tanto, representan un sector con un importante peso socioeconómico en los territorios, con un total de 310.000 empleos directos y 2,2 millones de empleos indirectos en la Unión Europea (UE).

"Además del exceso de capacidad de producción mundial y la competencia desleal por parte de terceros países que no cumplen con los estándares medioambientales y sociales de la UE, el sector siderúrgico se enfrenta al reto de acometer importantes inversiones para modernizar y descarbonizar sus instalaciones de producción en Europa", ha explicado la cartera liderada por Jordi Hereu.

CARÁCTER ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA EUROPEA
Asimismo, el grupo de Estados miembros ha valorado el "notable" trabajo realizado por la Comisión en su 'Plan de acción para el acero y los metales' de marzo de 2025, en el que se reconoce acertadamente el carácter estratégico de la industria siderúrgica europea, las amenazas a las que se enfrenta y los mecanismos disponibles para superar estos desafíos, entre ellos la defensa comercial frente al exceso de capacidad global.

Sin embargo, las medidas de salvaguardia actualmente en vigor, que protegen al acero europeo desde 2018, "no son suficientes en el contexto actual", razón por la que dicho grupo de países ha solicitado a la Comisión Europea que ponga en marcha de forma "concreta y urgente un nuevo marco que esté a la altura para una protección eficaz", tal como anunciaba la propia Comisión en su plan de acción para el acero y los metales.

Por otro lado, el departamento de Industria ha recordado que este año deben confirmarse "inversiones clave" en proyectos ambiciosos de descarbonización en Europa, por lo que Austria, Bélgica, Bulgaria, España, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Polonia, Rumanía y Eslovaquia instan conjuntamente a la Comisión Europea a presentar sin demora este nuevo marco de defensa del acero europeo, con el fin de que pueda entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2026, sobre la base de las propuestas que figuran en el documento.

4,6% DEL PIB INDUSTRIAL ESPAÑOL
En España, el sector siderúrgico representa el 4,6% del PIB industrial, emplea a cerca de 60.000 trabajadores (empleo directo e inducido), y factura 14.000 millones de euros anuales. Asimismo, existen 22 plantas de fabricación de acero y 50 instalaciones de laminación y primera transformación.

En concreto, las plantas están repartidas por once comunidades autónomas, aunque hay una mayor concentración en la zona de la cornisa cantábrica, especialmente en Asturias y País Vasco, con gran peso de ArcelorMittal, que ya está invirtiendo en la electrificación de su planta de Gijón.

"Teniendo en cuenta su carácter estratégico y su aportación económica, el Gobierno está firmemente comprometido con las medidas de transformación de la siderurgia en España y el mantenimiento del ciclo integral del acero", ha señalado el ministerio, que ha destacado que la propia cartera está desarrollando diversos proyectos, entre los que destaca el Perte de Descarbonización Industrial, con una inversión pública de 3.170 millones, que permitirá movilizar hasta 11.800 millones de inversión total.

Asimismo, el departamento ha adoptado otras medidas "significativas" para apoyar la competitividad del sector, entre las que resalta el aumento de la dotación presupuestaria de las ayudas para la compensación de costes por emisiones indirectas de dióxido de carbono (CO2), que se ha duplicado en el último año hasta alcanzar los 600 millones.

De la misma forma, el Gobierno está impulsando la implementación de los Certificados de Ahorro Energético (CAE), una herramienta que permite reconocer y valorar los ahorros logrados gracias a mejoras en eficiencia energética.