UPA exige a Lula que el acuerdo UE-Mercosur "sea equilibrado y beneficie a ambos lados"

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha viajado hasta Brasil para exigir al país que el acuerdo UE-Mercosur "sea equilibrado y beneficie a ambos lados", puesto que, en caso contrario, no lo aceptarán, según ha informado la organización a través de un comunicado.

El secretario internacional de UPA, José Manuel Roche, ha participado en varios encuentros con representantes de la sociedad civil brasileña y con el gobierno del país, incluido el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, con el fin de resolver las dudas que genera el acuerdo.

"Hoy más que nunca tenemos que avanzar en abrir mercados nuevos e interesantes para las producciones que puedan verse afectadas por los aranceles", señaló Roche.

En una semana marcada por el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos para situar los aranceles en el 15%, UPA ha destacado la importancia de reforzar las relaciones multilaterales y trasladar su firmeza para que el alcance del acuerdo UE-Mercosur beneficie a ambas partes.

El acuerdo aspira a crear una de las zonas de libre comercio más vastas del mundo, incluyendo a 780 millones de personas, lo que representa el 10% de la población mundial y el 25% del PIB mundial.

"Esto debe ser una oportunidad crucial para que ambas regiones reforcemos nuestros vínculos económicos y políticos. Ahora bien, la experiencia nos dice que en todos los acuerdos entre diferentes partes del mundo se puede utilizar a la agricultura como moneda de cambio", afirma Roche desde Brasil.

Desde la organización remarcan que productos como el aceite de oliva o el vino español pueden encontrar un nicho de negocio en los países del Mercosur, pero otros, como el vacuno de carne, el azúcar o el arroz "pueden ver comprometida su competitividad".

Ante este escenario, UPA reclama la modificación de aquellos puntos del acuerdo que perjudiquen a los agricultores y ganaderos europeos, así como la creación de un fondo de compensación destinado a los sectores afectados, un etiquetado claro y transparente y una monitorización del acuerdo para poder reevaluar sus términos, con cláusulas de salvaguarda.

El viaje se enmarca en una misión de representantes de la sociedad civil europea, organizados en el Comité Económico y Social Europeo (CESE).