Consumo anuncia que investigará a empresas que ofrecen servicios en territorios palestinos ocupados

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado este martes que va a investigar a empresas que publicitan en España servicios prestados o productos hechos en los territorios palestinos ocupados por Israel.

Según ha informado el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy en un comunicado, esta investigación se fundamenta en el Real Decreto-ley que el Gobierno aprobó la semana pasada para adoptar medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina.

Dicha norma, en su artículo 4, prohíbe la publicidad de bienes y servicios procedentes de los territorios ocupados, con el objetivo de limitar la posibilidad de desarrollar ese negocio.

Con esta base, la Dirección General de Consumo investigará a las empresas que estarían "aprovechándose" de esta ocupación, como señaló el informe publicado en julio por Francesca Albanese, relatora especial de la ONU, titulado 'De la economía de la ocupación a la economía del genocidio'.

En este informe, Albanese, representante de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, afirmó que existen empresas que se están beneficiando económicamente de la ocupación ilegal de estos territorios.

El ministro Bustinduy ya anunció el pasado mes de julio que su Departamento iba a "poner todos los recursos necesarios" para garantizar "que ninguna empresa que opere en España tenga sus cuentas de resultados manchadas con la sangre del pueblo palestino".

La intención de Consumo es conseguir que "cualquier empresa con actividad en España abandone toda operación vinculada a la ocupación israelí, ya sea directa o indirectamente".

Desde el Ministerio se considera que mantener esta oferta de servicios en España contribuye a "perpetuar los esfuerzos coloniales y el genocidio de Israel".

Consumo recuerda que los negocios que se lucran de la ocupación son considerados una actividad ilícita por el Derecho Internacional. Según recoge el informe de Albanese, la Fiscalía de Países Bajos ya está estudiando las denuncias de esta actividad por posibles incumplimientos de la normativa de blanqueo de capitales.

El pasado viernes, Naciones Unidas amplió a 158 la lista de empresas vinculadas al desarrollo de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados, considerados ilegales en virtud del Derecho Internacional, una 'lista negra' en la que se incluyen cuatro compañías españolas.

En concreto, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos añadió 68 nuevas empresas en su lista por "suministrar equipo o materiales que faciliten la construcción y el mantenimiento de los asentamientos, las demoliciones de casas o propiedades palestinas, así como las actividades de vigilancia, el uso de recursos naturales para fines comerciales o contaminación y el vertido de desechos en aldeas palestinas.

LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS SEÑALADAS POR LA ONU SE DESMARCAN
Las empresas españolas que figuran en este listado son Actividades de Construcción y Servicios (ACS); Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI); Construcciones y Auxiliar de ferrocarriles (CAF) e Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco).

No obstante, ACS se desmarcó el mismo viernes de estas informaciones, especificando que no desarrolla ninguna actividad en Israel, por lo que ha solicitado a la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos que retire su nombre de esta lista.

"La empresa SEMI, mencionada en dicha publicación, fue vendida en 2021 y, por tanto, no forma parte del Grupo ACS. Asimismo, ACS no desarrolla ninguna actividad ni en Israel ni en los asentamientos israelíes", afirmó la compañía.

Desde Ineco también rechazan tener vínculos con contratos en territorio ilegal, sino sólo en territorios reconocidos internacionalmente de la parte israelí. Fuentes de la empresa explicaron a Europa Press que su inclusión puede deberse a que trabaja en una línea de tranvía que sí llega a territorio ocupado, pero precisan que Ineco sólo diseña un túnel en esa línea en la parte legal.

Además, la empresa dependiente del Ministerio de Transportes asegura que desde octubre de 2023 (tras el atentado de Hamás y la respuesta de Israel) ha iniciado un proceso de desvinculación con la Administración y empresas israelíes, rechazando expresamente participar en nuevos pedidos.

En cuanto a la vasca CAF, que tiene capital público del Gobierno vasco, sí participa en un tranvía que discurre por la zona ocupada. Sabiendo que iba a ser incluida en la lista de la ONU, CAF emitió un comunicado unos días antes de la publicación del informe para defender que respeta los derechos humanos en Palestina.

En su comunicado, CAF aseguró que mantiene su compromiso de actuar de acuerdo con los "más altos estándares de integridad, responsabilidad y transparencia", y de continuar realizando un seguimiento prioritario de cualquier asunto material relativo a la ética y a los derechos humanos, así como del marco normativo en el que desarrolla su actividad.

Más allá del cumplimiento del marco normativo aplicable, CAF aseveró estar "firmemente comprometida con la ética empresarial y el respeto de los derechos humanos en todas sus operaciones", incluyendo la cadena de valor, con base en los "más altos estándares" de responsabilidad y transparencia.