CSIF afirma que la caída de afiliación en las AA.PP. evidencia la "inestabilidad" de los empleos

Exige al Gobierno iniciar "ya" las negociaciones para reforzar las plantillas y acabar con la precariedad

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera que los datos de pérdida de afiliación en el sector de la Administración Pública en septiembre evidencian la "inestabilidad" de los puestos de trabajo en "ámbitos muy sensibles" de las administraciones, según un comunicado del sindicato.

De acuerdo con los datos de la Seguridad Social recabados por CSIF, el sector de la Administración Pública "destruyó el pasado mes de septiembre 10.422 puestos de trabajo que, sumados a las 7.813 bajas registradas en el sector específico de Sanidad, arroja una cifra de 18.235 empleos perdidos".

Por otra parte, CSIF ha resaltado que "después de tres meses consecutivos de destrucción de empleo, el sector de la Educación gana 61.025 empleos".

Para el sindicato, los puestos de trabajo en el sector "deberían contar con unas plantillas estables, estructuradas y que no fluctúen por los efectos coyunturales del mercado de trabajo". "Y es que la temporalidad sigue estancada en el 30 por ciento, lo que incumple la ley y el mandato de Bruselas", ha aseverado CSIF.

Por todo ello, CSIF exige al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, que "inicie ya" las negociaciones para "cuestiones fundamentales que no pueden esperar más", como eliminar la tasa de reposición, reforzar las plantillas o acabar con la precariedad, entre otros temas.

Asimismo, el sindicato reclama un nuevo acuerdo salarial que acabe con la congelación de las nóminas en lo que va de año y la pérdida de poder adquisitivo.

CSIF ha expresado que, de lo contrario, se verá obligada a "retomar en breve las movilizaciones, sin descartar ninguna medida de presión".

"El ministro vinculó ayer la subida salarial a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. Es una excusa inaceptable y entendemos que utiliza a los empleados públicos como rehenes y moneda de cambio en su negociación parlamentaria", ha sostenido el sindicato.