La justicia europea desestima un recurso de España y abre la puerta a la competencia en las rutas de autobús

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha desestimado un recurso que presentó España para pedir cautelares contra una decisión de la Comisión Europea que permitía que más de una empresa operase en un mismo corredor de autobús de larga distancia.

El pasado mes de junio, Bruselas instó a España a aceptar que las rutas internacionales de autobús que atraviesan el país puedan transportar pasajeros que se dirijan de una a otra ciudad española, algo denominado 'cabotaje' y que actualmente no se permite en España.

El modelo actual se basa en contratos concesionales que gana una única empresa para operar una ruta determinada, como hacen compañías como Alsa o Avanza. Sin embargo, la alemana FlixBus solicitó prestar un servicio entre Tréveris (una ciudad de Alemania) y Madrid, con la posibilidad de coger pasajeros dentro de España y transportarlos entre dos ciudades dentro del país (por ejemplo de Madrid a Barcelona).

El Gobierno español se opuso a ello, al argumentar que ese cabotaje no se permite en España, pero la Comisión Europea sentenció que FlixBus sí puede hacerlo, solo abriendo la puerta a que España pueda denegarlo por razones de cohesión social o territorial.

Por ello, el Gobierno presentó un recurso para defender su postura y paralizar esa decisión de Bruselas mediante la aprobación de medidas cautelares de urgencia, pero el Tribunal europeo ya lo ha desestimado.

"No ha aportado suficientes elementos de prueba para demostrar la urgencia a efectos de la suspensión de la ejecución de la decisión impugnada o para acreditar que no puede esperar al término del procedimiento principal sin sufrir un perjuicio grave e irreparable", argumenta el TJUE.

Desde la plataforma Viaja Más en Autobús, que defiende el cabotaje, recuerdan que esa concesión entre Barcelona y Madrid, que presta Alsa, lleva caducada 12 años, por lo que tampoco ha mediado ninguna licitación para elegir a ese operador.

Desde el Gobierno se oponen a ese sistema, al entender que las empresas solo se interesarían por las rutas más rentables, lo que ocasionaría un perjuicio a las zonas rurales, que tendrían que estar cubiertas completamente con recursos públicos y no con los fondos que provienen de los beneficios vinculados a las rutas más rentables.