jueves, 13 de noviembre de 2025 16:23

Economía

El Gobierno ha destinado más de 975 millones en ayudas a las comarcas mineras desde 2019

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha destinado más de 975 millones de euros en ayudas a las comarcas mineras desde 2019, unos fondos que triplican el compromiso financiero del Acuerdo de la Minería, de destinar 250 millones de euros para todo el período, hasta el año 2027.
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El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha destinado más de 975 millones de euros en ayudas a las comarcas mineras desde 2019, unos fondos que triplican el compromiso financiero del Acuerdo de la Minería, de destinar 250 millones de euros para todo el período, hasta el año 2027.

Este jueves ha tenido lugar la Comisión de Minería de Seguimiento del Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras 2019-2027, en la que el Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha informado del grado de avance y cumplimiento de los compromisos financieros del acuerdo, según informó el gabinete dirigido por Sara Aagesen.

En concreto, si se pactó movilizar 250 millones de euros para la dinamización del territorio, ya se han comprometido más de 692 millones de euros para esas actuaciones concretas y un total de 975 millones de euros como parte del acuerdo marco, ligados a una inversión total superior a los 2.100 millones.

Estos fondos desplegados por el Gobierno de España son adicionales a los fondos comunitarios específicamente relacionados con la transición justa por el cierre de minas y centrales de carbón, del Fondo para la Transición Justa, dotado con 868 millones de euros. Este fondo de gestión autonómica al 95% lo ejecutan las comunidades autónomas de Asturias, Aragón y Castilla y León para las comarcas mineras de esas regiones.

Suscrito en octubre de 2018 por el Ministerio, las organizaciones sindicales y las asociaciones empresariales, el acuerdo marcó el inicio de una nueva etapa en la política de reactivación y apoyo a las zonas afectadas por el cierre de minas y centrales térmicas de carbón.

Su objetivo es garantizar una transición justa para los trabajadores y los territorios, impulsando la diversificación económica, la restauración ambiental y el desarrollo sostenible.

Este acuerdo se estructura en ocho grandes bloques de actuación, que incluyen medidas sociales, apoyo a nuevas tecnologías, formación, restauración ambiental y líneas de ayudas para la reactivación económica dirigidas a empresas ubicadas en las cuentas mineras y ayuntamientos de la zona.

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