El Tribunal de Cuentas apunta a un mal diseño del Perte VEC e insta al Gobierno a que las empresas participen

Apunta que hasta 2023 faltaba por adjudicar el 57% de ayudas y el resto se había concedido a un pequeño número de grandes empresas

El Tribunal de Cuentas ha apuntado a un mal diseño del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC) y ha instado al Gobierno a garantizar la participación efectiva del sector privado.

Es una de las conclusiones a las que ha llegado el organismo fiscalizador en su informe de fiscalización del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC) correspondiente al periodo 2021-2023. El informe examina el diseño, la gobernanza y la gestión de uno de los principales instrumentos de política industrial impulsados en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Este Perte fue el primero aprobado por el Gobierno de España y prevé una inversión total de 24.009 millones de euros, de los cuales 4.295 millones corresponden a financiación pública con fondos europeos, con el objetivo de transformar el sector de la automoción y reforzar su competitividad a través de la colaboración público-privada. El Ministerio de Industria y Turismo es el principal encargado de la gestión de este proyecto.

LIMITACIONES A LA PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS
En primer lugar, el Tribunal apunta que el diseño inicial del Perte no incorporó de forma estructurada la participación del sector privado, que se limitó a la presentación de manifestaciones de interés evaluadas mediante un procedimiento informal.

"Esta forma de actuación ha impedido la creación de una verdadera colaboración entre ambos sectores", ha señalado el organismo presidido por Enriqueta Chicano, lo que ha condicionado el desarrollo posterior del proyecto.

En relación con la gobernanza, el Tribunal de Cuentas señala que los órganos creados para la coordinación y el seguimiento del Perte VEC han tenido un funcionamiento limitado "con pocas reuniones y escasa coordinación".

Según el informe, esto ha derivado en una gestión fragmentada de las distintas líneas de ayudas incluidas en el proyecto estratégico, lo que ha implicado una falta de integración de las distintas líneas de ayudas y ha derivado en que las ayudas se hayan gestionado de manera independiente. Aunque se han definido objetivos e indicadores, el informe señala que "la falta de un órgano encargado de su seguimiento y un calendario para su consecución impiden que tengan una utilidad mayor".

SE MEJORÓ CON EL PASO DEL TIEMPO
En lo que respecta a la gestión de la principal línea de ayudas, el Tribunal indica que se ha producido una evolución positiva entre la primera convocatoria, caracterizada por su "elevada complejidad y resultados limitados", y las posteriores, en las que se simplificaron requisitos, así como la concentración de una parte significativa de las ayudas concedidas en un número reducido de grandes empresas.

A la finalización del periodo fiscalizado permanecía pendiente de conceder el 57% de las ayudas previstas, por un importe de 2.408 millones de euros. Al mismo tiempo, el Tribunal de Cuentas observa avances en materia de transparencia y sostenibilidad ambiental, y una correcta implantación de medidas antifraude, pero identifica carencias en la integración efectiva del principio de igualdad en las convocatorias.

Con todo ello, la institución recomienda reforzar el diseño y la gobernanza de los Perte, así como mejorar la integración el seguimiento de sus distintas líneas de actuación, y garantizar una participación efectiva del sector privado desde las fases iniciales, con el fin de maximizar el impacto de estos instrumentos estratégicos de política pública.