Vivienda destaca que Cataluña ayuda 10 veces más que comunidades del PP a caseros que no pueden desahuciar

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha señalado este viernes en el Congreso que Cataluña es la Comunidad Autónoma que ha destinado más dinero en ayudas a los caseros con desahucios suspendidos enmarcadas en el fondo de compensación a arrendadores, en algunos casos hasta diez veces más que comunidades gobernadas por el PP.

Durante su comparecencia en la Comisión de Vivienda, tanto EH Bildu como Junts se han pronunciado sobre el fondo de compensación a arrendadores que el Gobierno aprobó hace seis años en el marco del decreto del escudo social y que fue derogado esta semana por el voto en contra de PP, Vox y Junts al decreto 'ómnibus'.

El portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, ha preguntado a Rodríguez, entre otros puntos, cuánto dinero se ha empleado de este fondo, mientras que la portavoz de Junts, Marta Madrenas, ha denunciado que estas ayudas no funcionan y en Cataluña apenas 523 propietarios han accedido a la prestación cuando hay 13.000 desahucios suspendidos, lo que equivale a un 4% de los afectados.

GESTIÓN AUTONÓMICA
En el turno de réplica, la ministra ha recordado que la gestión de estas ayudas depende de las comunidades autónomas y hasta el momento la que más ha pagado ha sido Cataluña, con 8,1 millones de euros. Las siguientes son Baleares, con 740.000 euros; Aragón, con 312.000 euros; y Galicia, con 33.000 euros.

El Gobierno aprobó esta herramienta para cubrir a los propietarios ante eventuales impagos de rentas para contratos de alquiler. Ante las quejas de formaciones como Junts por el funcionamiento de esta herramienta, el Ejecutivo decidió aprobar en diciembre una línea de avales complementaria de 300 millones para compensar los posibles impagos del alquiler a jóvenes y personas vulnerables.

Tanto las ayudas del fondo de compensación como en la línea de avales son gestionadas por las comunidades autónomas. En el caso de los avales, estos contemplan el impago de rentas de alquiler y los daños causados a la vivienda o el coste de los suministros indebidos.

Para contar con esa cobertura, los arrendadores tienen que firmar un contrato con menores de 35 años o personas vulnerables, esto último según los establecido en cada autonomía, cobrar una renta del alquiler que no supere el índice estatal de referencia y depositar la fianza legal obligatoria del contrato de alquiler, así como sus actualizaciones. También hay que suscribir con el arrendatario el compromiso relativo al aval al alquiler, con arreglo al modelo aprobado por la Administración.