El PP exige al Gobierno detallar tramo a tramo las restricciones de velocidad de toda la red ferroviaria

La infraestructura ferroviaria española, vital para la movilidad y el desarrollo económico, se encuentra bajo escrutinio político mientras el PP exige claridad absoluta sobre las restricciones de velocidad, sus causas técnicas y los protocolos aplicados para garantizar la seguridad y eficiencia del transporte público.

El contexto de la ofensiva parlamentaria

El Grupo Parlamentario Popular, a través de los diputados Héctor Palencia y José Vicente Marí Bosó, ha presentado al Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno con el objetivo de obtener información detallada sobre las limitaciones de velocidad implantadas en la red ferroviaria nacional.

La formación denuncia “la cronificación del caos ferroviario” que sufren los usuarios de manera continua, citando problemas recurrentes como retrasos, cancelaciones, vibraciones en los trenes, roturas de catenarias y descarrilamientos. En particular, los accidentes recientes en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) han reactivado el debate sobre la gestión de la infraestructura, generando alarma social y política.

“Todos los ciudadanos que utilizan el tren en España merecen conocer la realidad de las restricciones y las medidas adoptadas para prevenir accidentes”, asegura el PP en su escrito parlamentario.

Detalle exigido provincia por provincia

El PP solicita información específica sobre cada limitación temporal de velocidad, incluyendo provincia, línea ferroviaria, tramo, punto kilométrico, vía, sentido, velocidad restringida y velocidad nominal previa. La formación insiste en la necesidad de conocer el motivo técnico detrás de cada medida: “Queremos saber si deriva de incidencias en la infraestructura y el diagnóstico técnico que la sustenta”.

Además, los parlamentarios demandan información sobre si los sindicatos de maquinistas, ferroviarios o trabajadores han solicitado la reducción de velocidad en algún tramo concreto en los últimos dos años y cómo se han gestionado esas peticiones, señalando la importancia de la participación de los representantes del sector en la seguridad operativa.

Marco legal y obligaciones institucionales

El Partido Popular recuerda que la Ley de Movilidad Sostenible establece una disposición adicional trigésima que fija obligaciones claras y plazos concretos para abordar incidencias, limitaciones operativas y retrasos sufridos por los usuarios. Según el PP, “en los últimos días se han producido avisos desoídos, cambios de velocidad contradictorios, o mentira sobre los datos”, lo que genera desconfianza y una percepción de improvisación en la gestión de la red ferroviaria.

El incumplimiento de estos preceptos legales no solo compromete la seguridad de los usuarios, sino que también afecta a la confianza de inversores y organismos internacionales en la eficiencia del transporte español.

Impacto en la seguridad y movilidad

La red ferroviaria constituye uno de los pilares del transporte público en España y su funcionamiento seguro es crucial para millones de ciudadanos, empresas y cadenas logísticas. La implantación de restricciones de velocidad sin información clara puede provocar congestiones, retrasos acumulativos y, en última instancia, riesgos de accidente.

El PP advierte que la falta de transparencia genera “una lógica de conmoción social” y considera que los usuarios tienen derecho a conocer la ubicación exacta de las limitaciones y la justificación técnica que las respalda. La formación exige que la información se haga pública de forma inmediata y detallada, en línea con los principios de seguridad, transparencia y responsabilidad institucional.

Repercusiones políticas y estratégicas

La ofensiva del PP también plantea una discusión política sobre la gestión de la red ferroviaria. Según el partido, “todos los gobiernos que han pasado por el Estado tienen motivos para hacer autocrítica sobre la situación de Rodalies”, pero insiste en que la responsabilidad actual recae en el Gobierno central y la Generalitat por sus niveles de inversión y ejecución en los últimos años.

El debate sobre la seguridad ferroviaria se vincula además con la financiación de infraestructuras, la planificación estratégica y la supervisión institucional. La falta de claridad sobre la ubicación y causas de las limitaciones de velocidad evidencia, según el PP, la necesidad de una política ferroviaria coordinada, sostenible y tecnológicamente avanzada.

El llamado a la acción institucional

El Grupo Parlamentario Popular insta al Gobierno a responder con transparencia y detalle sobre todas las limitaciones vigentes, las causas técnicas y las acciones correctivas implementadas. Además, solicita que se establezcan protocolos claros de comunicación con usuarios y sindicatos para evitar riesgos futuros.

“Los ciudadanos tienen derecho a saber exactamente qué tramos se ven afectados y por qué. No se puede permitir que la improvisación ponga en riesgo vidas humanas ni la confianza en el transporte público”, asegura la formación.

El PP considera que estas medidas no solo responden a necesidades operativas, sino que son un compromiso institucional con la seguridad, la movilidad sostenible y la responsabilidad democrática.