Fedea recomienda sustituir las rebajas fiscales a hogares ante la guerra por transferencias a vulnerables

Pide que la eventual reactivación del gravamen a los beneficios extraordinarios de energéticas se aborde "con cautela"

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha recomendado sustituir las rebajas fiscales generales impulsadas para que los hogares hagan frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio por transferencias directas de renta para los más vulnerables.

Fedea ha publicado este jueves un análisis firmado por Judith Arnal comparando las respuestas de política fiscal de los distintos Estados miembros de la Unión Europea ante la crisis provocada por el bloqueo del Estrecho de Ormuz.

El análisis llega a la conclusión de que ningún país entre los analizados satisface plenamente el criterio de la triple T que el Banco Central Europeo propuso en 2022: Targeted (dirigidas), Tailored (calibradas) y Temporary (temporales).

No obstante, hay diferencias notables entre países: Polonia y Hungría, con topes directos de precios y rebajas fiscales generalizadas, se sitúan en el extremo menos conforme.

España, con el mayor paquete de apoyo fiscal entre los analizados (en torno a 5.000 millones de euros) e Italia combinan instrumentos con mejor diseño --créditos fiscales sectoriales en el caso de Italia y refuerzo del bono térmico en el caso de España--, con rebajas fiscales generalizadas que comparten los mismos problemas que en los casos de Polonia y Hungría.

Francia y Alemania se aproximan más al criterio del BCE, aunque las ayudas sectoriales francesas, si bien reducidas (70 millones de euros) atenúan la señal de precios, y Alemania introduce una restricción diaria de cambios de precios en gasolineras de carácter permanente.

"La heterogeneidad de respuestas no refleja diferencias en el grado de exposición al choque, sino preferencias fiscales preexistentes. En ausencia de coordinación europea, cada Estado miembro responde según su propio vector de preferencias, con independencia de si esa respuesta es la adecuada para la naturaleza del choque", ha explicado Judith Arnal.

VALORA LA PROPUESTA SOBRE UN GRAVAMEN A BENEFICIOS DE ENERGÉTICAS
Por otro lado, el análisis valora también la carta conjunta de los ministros de Austria, Alemania, Italia, Portugal y España solicitando a la Comisión Europea la presentación de una propuesta normativa para la introducción de un gravamen europeo sobre beneficios extraordinarios a las empresas energéticas.

No obstante, el análisis identifica dos condiciones para que el nuevo instrumento no reproduzca los errores de 2022. Primera, la base imponible debe fundarse en el beneficio económico neto del coste de oportunidad de los fondos propios (no en el volumen de negocios ni en el beneficio contable no ajustado, como ocurrió en 2022) para garantizar que el gravamen recaiga sobre la renta residual de los accionistas sin trasladarse a los consumidores.

Segunda, el instrumento debe excluir la opción de medidas nacionales equivalentes o definir con precisión las condiciones que estas deben cumplir, para preservar la igualdad de condiciones en el mercado interior. "Debe evitarse, así, la situación de 2022 en que, por ejemplo, España optó por gravar el volumen de negocios neto", ha instado la experta.

Con todo, Judith Arnal ha señalado que la eventual reactivación de este tipo de gravámenes debería abordarse con cautela, para evitar la normalización de un instrumento concebido para una coyuntura excepcional, especialmente en un contexto en el que el ensanchamiento de las bases imponibles del propio sector generará ya un incremento de la recaudación.

VINCULAR EL FIN DE MEDIDAS A INDICADORES DE MERCADO PREDEFINIDOS
Entre las recomendaciones, la autora plantea, en el caso de los hogares, sustituir las rebajas fiscales generales por transferencias directas de renta para los más vulnerables. En el caso de las empresas, los instrumentos de apoyo más adecuados serían el apoyo de liquidez y los créditos fiscales de carácter no finalista para los sectores más expuestos al shock energético.

De su lado, ha instado a vincular la extinción de las medidas a indicadores de mercado predefinidos --como el precio del Brent-- en lugar de a fechas de calendario, para despolitizar la decisión de retirada.

Además, ha recomendado establecer un marco europeo de coordinación con notificación y evaluación previa de los instrumentos por la Comisión, basado en el criterio 'triple-T'.

Por último, ha planteado diseñar el nuevo instrumento europeo de forma que la imposición recaiga sobre beneficios extraordinarios con una base imponible fundada en el beneficio económico neto del coste de oportunidad del capital, y excluir la opción de "medidas nacionales equivalentes".