martes, 21 de abril de 2026 13:13

Economía

Economistas y Patentes y Marcas se alían para impulsar la propiedad industrial y la competitividad empresarial

El Consejo General de Economistas de España (CGE) y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) han firmado un protocolo general de actuación para reforzar la colaboración en materia de propiedad industrial y análisis económico, con el objetivo de mejorar la competitividad empresarial y fomentar la innovación.
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Firma de acuerdo entre El Consejo General de Economistas y la Oficina Española de Patentes y Marcas

El Consejo General de Economistas de España (CGE) y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) han firmado un protocolo general de actuación para reforzar la colaboración en materia de propiedad industrial y análisis económico, con el objetivo de mejorar la competitividad empresarial y fomentar la innovación.

El acuerdo busca impulsar el conocimiento y uso de los instrumentos de propiedad industrial, especialmente entre las pymes, donde su utilización sigue siendo limitada pese a su impacto en la generación de valor. En este sentido, ambas instituciones desarrollarán iniciativas conjuntas centradas en la divulgación de estos derechos y en el refuerzo del análisis económico.

El protocolo incluye la organización de actividades formativas como jornadas, seminarios y talleres, así como la elaboración de estudios, informes y publicaciones técnicas sobre economía y propiedad industrial.

El presidente del CGE, Miguel Ángel Vázquez Taín, ha subrayado la importancia de esta materia para el "desarrollo económico y empresarial", especialmente en las pequeñas y medianas empresas.

Por su parte, la directora general de la OEPM, Elisa Rodríguez Ortiz, ha destacado el valor estratégico de la propiedad industrial y el papel del acuerdo para "avanzar en la formación y el análisis de los activos intangibles".

Para articular esta colaboración se creará una comisión de seguimiento encargada de identificar nuevas líneas de trabajo. El protocolo no implica compromisos económicos ni jurídicos y tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable con previo acuerdo entre ambas partes.

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