El TJUE niega a Red Bull el reembolso de gastos legales vinculados a una inspección de la Comisión

El Tribunal General de la UE, primera instancia de la Justicia europea, ha avalado este martes la decisión de la Comisión Europea de no reembolsar a Red Bull los gastos de abogados derivados de una inspección en el marco de una investigación por posibles prácticas contrarias a la competencia.

En su sentencia, desestima el recurso de la empresa, que reclamaba a Bruselas la devolución de los costes generados cuando el análisis de documentos continuó en las oficinas de la Comisión en la capital belga, y concluye que no son reembolsables porque se habrían producido igualmente aunque la inspección hubiera seguido en sus propias instalaciones.

El origen del litigio se sitúa en marzo de 2023, cuando la Comisión llevó a cabo actuaciones en las oficinas de Red Bull y, posteriormente, trasladó a Bruselas el examen de un gran volumen de documentación, que se desarrolló durante varios periodos entre junio y septiembre de ese mismo año.

Durante esa fase, la empresa estuvo asistida por su bufete habitual y por un segundo despacho con sede en la capital belga, lo que implicó gastos de desplazamiento, alojamiento y honorarios legales, cuyo reembolso solicitó al considerar que eran costes adicionales derivados del desarrollo de las actuaciones fuera de sus instalaciones.

Sin embargo, el Ejecutivo comunitario rechazó asumir estos gastos al entender que la asistencia letrada habría sido necesaria en cualquier caso, con independencia del lugar en el que se llevara a cabo el proceso, una interpretación que ahora confirma el Tribunal.

En este sentido, la sentencia precisa que solo pueden reembolsarse los costes que se deriven exclusivamente de que las actuaciones tengan lugar en las dependencias de la Comisión, y no aquellos que la empresa habría tenido que asumir igualmente si el procedimiento hubiera seguido en sus propias oficinas.

Asimismo, el tribunal subraya que Red Bull solicitó el reembolso de la totalidad de los honorarios sin acreditar que una parte concreta pudiera calificarse como estrictamente adicional. Con este fallo, la Justicia de la UE respalda la posición de la Comisión y delimita el alcance de los gastos que pueden reclamarse en este tipo de procedimientos.