Interior defiende que "no aparta" a la Policía y que "nadie con antecedentes penales será regularizado"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este miércoles que "no aparta" a la Policía Nacional del proceso de regularización de migrantes porque es el cuerpo encargado de supervisar que nadie con antecedentes penales o que representa un peligro para la seguridad o el orden público va a ser regularizado.

Durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados, la diputada del PP Ana Belén Vázquez ha acusado al Ejecutivo de impulsar una "regularización en masa" y hacerlo "a espaldas de la Policía Nacional, que son los que tienen la competencia exclusiva".

"No se aparta", ha contestado Marlaska, "la migración y la regularización es un conjunto de intervención de todo el Gobierno y de distintos departamentos ministeriales, no se va a regularizar a nadie que tenga antecedentes penales y a nadie que representa un peligro a la seguridad y al orden público".

La diputada del PP ha criticado la orden enviada a las prisiones para regularizar a "todos" los inmigrantes, algo que ha dicho que no es coherente, pero Marlaska ha reiterado que no habrá papeles para aquellos que tengan antecedentes, basándose para ello en los informes policiales.

El PP también ha censurado la falta de coherencia por habilitar para la gestión de documentación a Correos y Tragsa, "esa empresa agrícola forestal en la que Ábalos colocaba a prostitutas". "Papeles para todos y policías para nada", ha resumido Vázquez.

En su réplica, Marlaska ha reclamando a la oposición que no extienda "bulos xenófobos" y ha sostenido que España es un ejemplo de un país que "fomenta una migración regular, ordenada y segura", rechazando que se pueda vincular a la criminalidad. Según el ministro, la migración en España ha crecido un 10% en los últimos años y la criminalidad en diez años ha decrecido un 10%.

Finalmente, Marlaska ha contestado a las alusiones del PP sobre el exministro José Luis Ábalos remitiéndose al 'caso Kitchen' por el uso que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy de la Policía para "tapar el crimen imputado al PP y buscar pruebas falsas contra el adversario político".