FAI pide a Moncloa que aclare los efectos del rechazo del decreto a los solicitantes de prórrogas del alquiler

La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha pedido este martes al Gobierno que aclare "con urgencia y por escrito" los efectos jurídicos para aquellos inquilinos que hayan solicitado la prórroga extraordinaria de sus contratos tras el rechazo del Congreso del decreto ley que incluía la prórroga automática de los alquileres que vencen en 2026 y 2027.

Según se desprende de una nota de prensa, la FAI ha considerado "imprescindible" despejar cualquier "duda interpretativa" para evitar conflictos e inseguridad entre propietarios e inquilinos, garantizando que ambas partes conozcan con claridad cuál es la situación normativa aplicable ahora y qué validez tienen todas las solicitudes presentadas durante la vigencia del decreto, incluidas aquellas relativas a contratos en vigor durante 2026 y 2027 una vez quede sin efecto la normativa.

Asimismo, ha instado a reforzar la confianza en el mercado del alquiler mediante "medidas claras, realistas y sostenidas en el tiempo", evitando nuevos escenarios de incertidumbre jurídica.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a avanzar hacia un marco normativo "estable y predecible" que "no genere miedo entre los propietarios y frustración entre los inquilinos" ante la imposibilidad de encontrar una vivienda.

Para el presidente de FAI, José María Alfaro, la inestabilidad normativa, con el encadenamiento de anuncios y medidas cambiantes y restrictivas, está provocando que muchos propietarios opten por retirar viviendas del alquiler residencial o posponer su incorporación al mercado.

Esta dinámica, ha asegurado Alfaro, reduce todavía más la oferta disponible actual y contribuye a una mayor presión sobre los precios, con un gran impacto para los inquilinos. En este contexto, ha insistido en que avanzar en la ampliación de la oferta es "crucial" y requiere de un entorno de seguridad y confianza, que estos momentos no existiría.

Por ello, ha hecho hincapié en la "imperiosa necesidad" de la puesta en marcha de un plan de choque enmarcado en un gran "Plan Marshall" para la vivienda que cuente con el consenso de todas las fuerzas políticas y las distintas administraciones públicas.

Por último, ha recordado que, en anteriores contextos de dificultad económica, los acuerdos entre caseros y inquilinos han demostrado ser una vía eficaz y que el problema no radica en los que ya tienen una vivienda en alquiler, sino en los que quieren o buscan para alquilar, que se topan con "precios inasumibles o castings" a los que directamente ni tan siquiera se pueden presentar, al no cumplir los requisitos exigidos, ya que la demanda supera con creces a la oferta.

Alfaro ha considerado que este decreto solo ha servido para crear confusión y falsas expectativas para quienes su contrato vence en los próximos meses, y no para atajar el problema de raíz, que no es otro que generar más vivienda.