La UE condicionará a readmisión de migrantes las preferencias comerciales para países en desarrollo desde 2027
España, Italia y Grecia critican por insuficiente la salvaguarda incluida para proteger el arroz europeo
Los ministros de Comercio de la Unión Europea han dado este viernes el último paso formal para la adopción de una reforma para condicionar las preferencias comerciales que permiten a países en desarrollo exportar a la Unión Europea con aranceles muy bajos o nulos a que estos países cooperen en materia de control migratorio y readmisión de deportados a partir del 1 de enero de 2027.
El Consejo (gobierno) y el Parlamento Europeo cerraron este acuerdo en diciembre del pasado año y con la adopción por parte de los Veintisiete ahora se completa el procedimiento que garantiza su entrada en vigor a tiempo.
En 2023 se frustró un primer intento de acuerdo por la negativa entonces de los eurodiputados a vincular la migración y el comercio con los países en desarrollo, pero el nuevo Parlamento ha aceptado en esta ocasión tras incluir "criterios más estrictos" para activar la "condicionalidad de readmisión" propuesta por la Comisión Europea para esta reforma.
Así, la revisión del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) permitirá retirar estas ventajas arancelarias a un país determinado "si no coopera con la Unión Europea en la readmisión de sus nacionales".
Será la Comisión Europea quien estará encargada de "supervisar" el cumplimiento de las obligaciones de readmisión y quien tendrá la potestad para actuar, aunque tendrá que informar con transparencia al Parlamento y al Consejo de las eventuales decisiones que se tomen.
Entre los criterios más estrictos para activar la condicionalidad figuran, por ejemplo, que se deba iniciar un procedimiento de evaluación vinculante con el país tercero "de al menos doce meses" antes de tomar ninguna medida.
Además, se prevé un periodo de transición de dos años desde la entrada en vigor de la reforma del SPG antes de que la "condicionalidad de readmisión" sea aplicable a los países menos desarrollados.
La revisión del marco comercial con países en desarrollo endurecerá también las exigencias en materia de Derechos Humanos y medio ambiente, además de permitir una mejor supervisión y transparencia del programa, según destacaron los colegisladores tras el acuerdo de diciembre.
Para ello, por ejemplo, se aumenta la lista de convenios internacionales sobre Derechos Humanos, medio ambiente y condiciones laborales que deberán ser respetados por los participantes del programa y se crea un procedimiento de urgencia para la retirada rápida de las preferencias en caso de violación de los principios de estos convenios.
NUEVA SALVAGUARDA PARA PROTEGER EL ARROZ DE LA UE
El nuevo marco de preferencias comerciales -que necesita aún el visto bueno formal de los Veintisiete y del pleno de la Eurocámara para ser adoptado- incluye otras modificaciones como una salvaguarda específica para las importaciones de arroz a la Unión Europea.
Se trata de un mecanismo específico para este sector considerado "sensible" para los productores europeos, que se activará de manera automática si se supera el umbral de importaciones fijado para un determinado país tercero exportador.
De este modo, se establecen contingentes arancelarios para el arroz y, en caso de un aumento "significativo" de las importaciones de este alimento por encima del promedio histórico de la UE, se aplicará un arancel de nación más favorecida durante un periodo determinado con el que mitigar el riesgo de "perturbaciones graves en el mercado arrocero europeo".
El acuerdo aclara que este tipo de mecanismo automático no deberá aplicarse a otros productos agrícolas más allá del arroz.
En una declaración añadida a la adopción del acuerdo por Grecia, España e Italia, que representan conjuntamente alrededor del 85% de la producción de arroz de la UE, han criticado el mecanismo en su forma definitiva ya que lo consideran insuficiente para garantizar la protección de este cultivo.
"Hemos mostrado flexibilidad en la búsqueda de un compromiso, pero la combinación de una revisión anual de los umbrales y un aumento del 45 % haría, en nuestra opinión, prácticamente imposible la activación de esta salvaguardia", indican en su escrito, para explicar que no están en disposición de apoyar el acuerdo ya que los parámetros acordados para activar la salvaguarda "no están definidos de manera que garanticen su eficacia, ni su activación oportuna cuando sea necesaria para salvaguardar la viabilidad del sector arrocero europeo".
SALVAGUARDAS PARA EL TEXTIL Y ETANOL
Además, el acuerdo delimita también medidas de salvaguardia específicas en las importaciones de textiles y etanol para los países SPG y SPG+, pero no serán de aplicación para los países clasificados como 'Todo menos armas' (EBA, por sus siglas en inglés), en donde se enmarcan los países menos desarrollados.
De hecho, las salvaguardas previstas para los grupos SPG y SPG+ sólo se aplicarían si el valor de estas importaciones procedentes del país afectado superara el 6% del valor total de las importaciones de la UE del producto afectado y el 47% de las importaciones de todos los beneficiarios del SPG.
La revisión aboga, asimismo, por establecer "plazos claros" para la evaluación que debe llevar a cabo el Ejecutivo comunitario mediante un mecanismo especial de vigilancia ante aumentos "repentinos" de las importaciones. También se ha reforzado el mecanismo especial de vigilancia para que la UE pueda intervenir cuando las importaciones de productos agrícolas generen perturbaciones en el mercado comunitario.

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