Andorra aprueba el proyecto de ley que obligará a los residentes a saber catalán

El Gobierno de Andorra ha aprobado este miércoles el proyecto de ley de la lengua oficial, que entre otras medidas incluye la obligación de acreditar un nivel mínimo de catalán para obtener la primera renovación del permiso de residencia y trabajo.

La ministra de Cultura, Juventud y Deportes, Mònica Bonell, ha remarcado en rueda de prensa que la lengua oficial del país es "una responsabilidad de todos" y que supone, ha dicho, una herramienta valiosa para la identidad y soberanía, por la lo que los poderes públicos deben garantizar su supervivencia.

Entre los cambios destacados figura la obligación de acreditar nociones básicas de catalán para obtener la primera renovación del permiso de residencia y trabajo.

En este punto, el Principado dispone de diversas modalidades de permisos de residencia y el afectado es el que tienen la mayoría de trabajadores asalariados de origen extranjero que existen en el país.

En cambio, la medida no afecta a los residentes pasivos (aquellas personas que vienen a Andorra a residir pero sin trabajar) ni tampoco a los permisos de residencia y trabajo por cuenta propia, que son, por ejemplo, el de los 'youtubers' o de los trabajadores de temporada o fronterizos.

AFECTARÁ A UNOS 3.000 RESIDENTES EN 2024
 

Según Bonell, el Govern ha estimado que unos 3.000 residentes que deben renovar su permiso de residencia en el 2024 se verán afectados por la obligación.

Por otra parte, la ley también incluirá la exigencia mínima de realizar el saludo inicial en catalán en la atención al público y conocer el vocabulario básico de la profesión.

La ministra ha aclarado que los requisitos no quieren "impedir la llegada de nadie por razón de lengua", sino fomentar el aprendizaje del catalán una vez que la persona ya reside en el Principado, además de integrarlo en la sociedad a través del conocimiento de la lengua oficial del país.

ORGANIZACIONES
 

Para garantizar el uso de la lengua oficial, el proyecto de ley contempla la creación de dos organismos encargados de la política lingüística: la Junta de Coordinación sobre Lengua y Formación y el Consejo Nacional por la Lengua.

Además, el texto propone la participación del Consejo General (Parlamento), el Gobierno y los comunes (ayuntamientos), con una administración técnica del departamento de Política Lingüística.

La normativa también alude al uso del catalán en la administración de justicia y en la resolución alternativa de conflictos, estableciendo el uso de traductores e intérpretes para las personas que no entiendan el catalán.

Por otra parte, se refiere al uso de la lengua de signos catalana y se da "un paso adelante" en la modernización del lenguaje administrativo y de las comunicaciones públicas.

Por último, el texto actualiza las sanciones por incumplimiento de la normativa lingüística "con racionalidad y objetividad".