Por fin se ha terminado el calvario de la cita previa

Los ciudadanos están de enhorabuena: el gobierno de la Generalitat de Catalunya anunciaba, el pasado 11 de julio, el fin de la obligatoriedad de la cita previa para ser atendido en las administraciones públicas: ayuntamientos, centros de salud y otros, aunque no así de las que dependen del gobierno central. 

Lo que quiere decir que, los ciudadanos podrán acudir directamente a las instalaciones sin tener que sufrir la cita previa para ser atendidos, solo tendrá que hacer la correspondiente cola, como era habitual. La medida de implementar la medida impopular se había instaurado en plena pandemia por aquello de los contagios. Algunos querían seguir manteniéndola para el enfado de los usuarios que han sufrir estoicamente la medida, especialmente la gente mayor que en más de una ocasión ha recurrido a familiares para que les ayuden en esos trámites telefónicos o telemáticos, tan complicados. 

Desde la aplicación de la cita previa, muchos han sido los índices en los que se han visto envueltos miles de personas que han comprobado como algunos servicios han tardo demasiados días en atenderlos, para desesperación de los interesados. En demasiadas ocasiones se ha producido la paradoja de que alguien necesitaba algún documento de forma inmediata y le han dado cita en 15 días, se ha presentado en las dependencias correspondientes, le han dicho que no tenía cita para ese día y que no le van atender de ninguna manera, que volviera en la fecha indicada. 

Solo había dos personas y podían haberle atendido, pero la famosa frase vuelva usted mañana, del escritor y periodistas Mariano José de Larra ha resurgido con demasiada fuerza, para desgracia de los que pagan los impuestos. La actitud de unos cuantos funcionarios sacaba de quicio al sufrido ciudadano, que se sentía impotente ante tal respuesta del servidor público que le estaba “desatendiendo”, con poca empatía y con la sensación de ejercer este el poder de la peor manera posible frente al ciudadano cabreado.

Las quejas a la medida de sin cita no es atendido ha generado a lo largo de todo este tiempo (y siguen aún) muchas quejas y rechazo de una buena parte de la ciudadanía que se siente desprotegida, pese a que algunos juristas afirman que la medida es ilegal, pues deja a las personas en una siutación de indefensión debido a la brecha digital, pero es que además vulnera el artículo 14 LPAC que establece la libertad de elección de las personas físicas. Las cosas nunca pueden ser obligatorias, sino voluntarias.

Alargar la cita previa cuando la pandemia ya ha pasado ha provocado denuncias ante el Defensor del Pueblo como en sus equivalentes autonómicos, el Síndic de Greugres. Todos ellos han recordado a las administraciones que hay que acabar con la obligatoriedad de la cita previa y volver de nuevo a la normalidad.

La cita previa obligatoria sin motivo alguno también infringe los principios de servicio efectivo a los ciudadanos, simplicidad, claridad y proximidad que las Administraciones Públicas deben respetar en su actuación según art.3 de la ley 40/20145. Además, no hay que olvidar que el poder a los ciudadanos es otorgado directamente por la Constitución, mientras que el de la administración es un poder delegado. 

Lo que toca ahora es la vuelta a la normalidad anterior a la pandemia. Que desaparezca la cita previa obligatoria y se trasformen en voluntarias con el fin de facilitar a las personas su relación con las administraciones, atendiendo especialmente a las personas mayores o vulnerables. Así, que la gente, cuando acuda a cualquier servicio, y aún les diga que solicite cita previa, hagan valer sus derechos: eso ya se ha terminado y de paso que les digan a los que les atiendan que eso ya pasó a mejor vida. Educación en la respuesta sí, sumisión o miedo, no.