Toda la “contratación en origen” está presuntamente en fraude de ley

En un duro editorial titualdo Repensar la Orden Gecco, evitar la trata institucional, el director de la revista onubense lamardeonuba.es, denuncia este lunes cómo el sistema de “contratación en origen” (la piedra angular de la apuesta del gobierno de Pedro Sánchez por la migración circular), regulado por la denominada Orden Gecco, permite la explotación sistemática de las trabajadoras migrantes. 

Echevarría sostiene que "el 100 % de la contratación en origen está en fraude de ley", debido a la falta de garantías en las condiciones laborales pactadas y el abuso por parte de los empleadores, quienes modifican arbitrariamente los términos de los contratos en detrimento de las temporeras. 

Datos facilitados por el Gobierno evidencian las irregularidaes 

El editorial también se apoya en datos ofrecidos por el propio Gobierno a través de su Subdelegada en Huelva, María José Rico, los cuales revelan que la “actividad continuada”, una obligación clave establecida en la normativa, no se está cumpliendo en la mayoría de los casos. 

De acuerdo con estos datos, solo el 77,81 % del tiempo laboral comprometido ha sido trabajado como media mínima, lo que sugiere un grave incumplimiento del marco legal por parte de las empresas que operan bajo el amparo de la Orden Gecco. "Estos datos ofrecidos por el propio Gobierno no solo confirman lo que venimos denunciando", afirma Echevarría, "sino que muestran cómo la ley es sistemáticamente ignorada en perjuicio de las trabajadoras más vulnerables". 

Mal uso del “85 %” de salario garantizado

Otro de los puntos centrales que denuncia el editorial de lamardeonuba.es, es cómo muchas empresas están utilizando torticeramente la disposición que garantiza a las trabajadoras Gecco el cobro del 85 % del salario pactado en caso de no alcanzarse la actividad laboral completa acordada en origen.

 Esta medida, originalmente diseñada para proteger a las trabajadoras en circunstancias excepcionales, como podrían ser desastres naturales o pérdidas de cosechas, es manipulada por muchas empresas para reducir unilateralmente los salarios, incluso sin que se den dichas circunstancias. "Este abuso, permitido por la falta de supervisión adecuada, constituye un fraude de ley", sostiene el director de lamardeonuba.es. 

Complicidad institucional y falta de control efectivo 

El editorial también denuncia la complicidad de las instituciones públicas y la falta de control por parte de los grandes sindicatos. Echevarría critica que, en lugar de hacer cumplir las normativas, las autoridades tienden a contemporizar con las organizaciones patronales, que a menudo minimizan los abusos calificándolos de "casos aislados". 

Según el director de lamardeonuba.es, esta complicidad es uno de los factores clave que permite que las irregularidades y los abusos continúen afectando a miles de trabajadoras cada temporada. 

Un problema que trasciende Huelva: la trata institucional 

El editorial también subraya que esta problemática no es exclusiva de Huelva ni de la industria de la fresa. Según Echevarría, la explotación de trabajadoras migrantes es un fenómeno que se extiende a otras zonas agrícolas de España, como Almería y Murcia, así como a diversas partes de Europa. En su tribuna, describe este sistema como un claro ejemplo de trata institucional, ya que las trabajadoras son traídas bajo promesas que no se cumplen, obligándolas a aceptar condiciones laborales abusivas con la complicidad de los Estados. 

“Repensar” la migración circular 

Por último, el director de lamardeonuba.es insta a una reforma profunda de la Orden Gecco. En su editorial, enfatiza la necesidad de implementar mecanismos de supervisión más rigurosos, garantizar el acceso a servicios básicos como la salud y establecer sanciones efectivas para quienes incumplan las normativas laborales. También destaca la importancia de la acción de pequeñas organizaciones locales e importantes grupos de consumiores europeos y defensa de la naturaleza, que están luchando por la dignidad y los derechos de las trabajadoras migrantes en España.

A la persiste labor de denuncia de estas entidades, achaca Echevarría la reciente aprobación en el Parlamento Europeo de la llamada Ley de debida dilgencia en la cadena de suministro, una norma de obligatoria implemenmtación en todos los Estados de la UE, y que supone un acuse de recibo de las instituciones europeas ante el creciente clamor popular por una agroindustria responsable y respetuosa con el medioambiente y los Derechos Humanos.