Cantabria muestra su rechazo al decreto de nuevas universidades y pide medidas al Ministerio para impulsar la UIMP

Critica la pérdida de autoridad competencial por parte de las autonomías
El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades de Cantabria, Sergio Silva, ha mostrado el rechazo del Gobierno regional al proyecto por el que se modifica el Real Decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades, que se ha abordado este jueves en la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) celebrada en Valencia, y que ha estado presidida por la ministra del ramo, Diana Morant.

Un encuentro en el que, además, Silva ha aprovechado para trasladar a Morant la preocupación del Ejecutivo cántabro por que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que presentó ayer en Santander la edición 2025 de sus cursos de verano, recupere la actividad y las cifras de matrícula que ha ido perdiendo, paulatinamente, tras la pandemia.

En este sentido, el consejero ha pedido al Ministerio "acciones concretas y un compromiso expreso para impulsar la actividad de la UIMP y resolver los problemas de gestión y de naturaleza jurídica, que prometió que iba a atender y que, hasta el momento, no ha cumplido".

Respecto al decreto de universidades, el consejero ha justificado el rechazo aludiendo a cuestiones "de forma y de fondo", y ha hecho referencia a la "falta de transparencia y falta de comunicación por parte del Ministerio con las comunidades autónomas", criticando, además, la tramitación de urgencia del proyecto.

En cuanto al fondo, el titular de Universidades ha destacado las "dudas jurídicas" y la pérdida de autoridad competencial por parte de las autonomías, "puesto que son los parlamentos autonómicos los que tienen la capacidad de decidir si se crea o no una nueva universidad" y considera que "esto no debe cambiar".

También ha criticado las recientes declaraciones del presidente Pedro Sánchez, refiriéndose a su intención de endurecer los criterios de calidad en las universidades españolas para evitar así la proliferación de "chiringuitos educativos".

El consejero entiende que estas palabras "perjudican y dañan seriamente" la imagen de calidad y diversidad del sistema universitario español, "algo que no puede permitirse un presidente del Gobierno".

Finalmente, en el seno de esta Conferencia la mayoría de los territorios (13, incluido Cantabria) han pedido la retirada del proyecto de Real Decreto, y solo tres se han mostrado a favor.