El Gobierno, obligado a revelar secretos fiscales ocultos de PP, PSOE, Vox y Podemos durante 25 años

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha ordenado al Ministerio de Hacienda, encabezado por la vicepresidenta primera María Jesús Montero, que entregue en un plazo máximo de diez días la información relativa a los procedimientos abiertos contra los principales partidos políticos españoles —Partido Popular, PSOE, Vox y Podemos— desde el año 2000. La resolución incluye tanto expedientes concluidos con sanción como aquellos archivados, pese al rechazo expresado por algunas de estas formaciones a compartir dichos datos.

La petición inicial, presentada en mayo de 2021, solicitaba a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) detalles sobre los procedimientos fiscales abiertos contra estos partidos en los últimos 25 años. Hacienda denegó el acceso argumentando la reserva de la información tributaria, amparándose en su normativa específica, y apuntando además al riesgo de que se revelaran datos personales o información de terceros.

Frente a esta negativa, el reclamante, un periodista que defendió el interés general de la información, acudió al Consejo de Transparencia. Este organismo rechazó los argumentos de Hacienda basándose en precedentes del Tribunal Supremo y subrayó que, al tratarse de partidos políticos —entidades calificadas de “interés público” por la Ley General de Partidos—, la información debía ser accesible. Además, autorizó a los partidos implicados a presentar alegaciones para proteger sus derechos, lo que motivó que PSOE, Vox y Podemos expresaran su oposición, mientras que el PP guardó silencio, interpretado como falta de consentimiento para facilitar los datos.

En 2022, Hacienda volvió a denegar la entrega de la información con los mismos argumentos, motivando una nueva reclamación que fue presentada en 2023. A pesar de ello, los partidos afectados mantienen su postura contraria a la divulgación.

El Consejo ha fijado ahora un plazo de diez días para que el Ministerio de Hacienda entregue al reclamante y al propio Consejo copias de las resoluciones iniciales y finales de todos los procedimientos incoados desde el año 2000 contra los cuatro grandes partidos, poniendo fin a una larga batalla sobre la transparencia en el ámbito político y fiscal que afecta directamente al derecho a la información pública y al escrutinio ciudadano sobre la gestión de los partidos que dirigen España.