Los países de la UE frenan de nuevo la oficialidad del catalán por las dudas legales y financieras sin resolver

Los gobiernos europeos han frenado de nuevo este viernes la petición española para que el catalán, el euskera y el gallego sean reconocidos como lenguas oficiales de la Unión Europea por las dudas legales y financieras sin resolver sobre el impacto que tendría tal reforma en el conjunto de la Unión Europea, a pesar de que España sostiene que ha respondido ya a "todas las dudas" expresadas por sus socios.

Así ha quedado patente en el debate de algo menos de una hora que los ministros han dedicado al asunto durante el Consejo de Asuntos Generales celebrado en Bruselas, en donde la oficialidad de las lenguas cooficiales ha chocado por séptima vez desde que España la puso sobre la mesa en 2023 con el rechazo de al menos una decena de países y las reservas de los servicios legales del Consejo.

La discusión ha sido por momentos tensa, según han descrito fuentes europeas a Europa Press, por la opinión de países como Alemania de que la reforma en los términos en que plantea España no es compatible con los Tratados, tal y como también sostienen los servicios legales del Consejo.

"Es un asunto muy sensible y simbólico y esa es la razón por la cual la presidencia danesa va a tratar este tema en un diálogo continuo con los Estados miembro, con gran cautela", ha informado la ministra danesa de Asuntos Europeos y presidencia de turno del Consejo de la UE, Marie Bjerre, al término de la reunión. La ministra ha añadido que "sigue habiendo muchas dudas presupuestarias, legales", después de haber escuchado de nuevo la defensa de España y las reservas de los servicios legales del Consejo.

Aunque España sugirió que buscaría también este viernes someter la cuestión a votación, la presidencia de turno de la UE, que este semestre ejerce Dinamarca, avisó de que no contemplaba que la cuestión se sometiera a votación este viernes, dado que persisten las dudas para un asunto que requiere unanimidad para salir adelante.

DUDAS DE VARIOS MINISTROS ANTES DEL COMIENZO DE LA REUNIÓN
Ya antes de que comenzara la reunión, varios ministros expresaron sus dudas en declaraciones a la prensa y avisaron de que era demasiado pronto para tomar ninguna decisión, ante la falta de evaluaciones de impacto que respondieran a sus inquietudes. Las mismas reservas mostradas en público por los representantes de países como Polonia o Austria fueron repetidas en el debate a puerta cerrada, según han indicado fuentes diplomáticas.

Desde que el Gobierno pactó con Junts en agosto de 2023 defender la oficialidad del catalán en la UE como condición para la investidura de Pedro Sánchez, el asunto se había incluido hasta ahora en la agenda de otras seis reuniones del Consejo de Asuntos Generales de la UE; cuatro bajo la presidencia de turno de España, cuando el Gobierno fijaba la agenda, una cuando la presidencia rotatoria la ejerció Bélgica y otra, con Polonia.

A su llegada a la reunión, el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, ha pedido este viernes a sus socios europeos "no secuestrar o retrasar innecesariamente" y ha defendido que el Gobierno ha presentado informes solventes para responder a las preguntas del resto de gobiernos y que siempre están abiertos al "diálogo".

Preguntado por la razón por la que España no da el paso de solicitar los informes legales y presupuestarios al Consejo y a la Comisión que reclaman algunos de sus socios en la UE, el secretario de Estado ha sido tajante al replicar "que los pidan ellos", al tiempo que ha argumentado que el Ejecutivo comunitario ya presentó una estimación en 2023 (en referencia al análisis preliminar basado únicamente en la experiencia del gaélico y que calcula un coste de 132 millones anuales).

"Si hay cualquier Estado miembro que necesite cualquier otra cuestión de la Comisión o del Consejo que lo pidan y espero que lo tengamos listo", ha continuado, para defender que el Gobierno ha consultado con los servicios de la Comisión y esos le han trasladado que "han hecho todo lo que pueden hacer" mientras no se adopte una decisión en el seno del Consejo.

"Nosotros estamos a favor de que pueda haber la mayor claridad y transparencia. Creo que la inmensa mayoría de los Estados miembro tienen claros todos los argumentos y así nos los reconocen, pero desde el momento que España ha reafirmado que está dispuesta a cubrir todos los costes", ha zanjado, para después argumentar también que la petición española no tendrá "ningún impacto" sobre el resto de socios de la UE.