Por Andalucía reclama auditar los contratos de la Junta con la empresa del exconsejero investigado en el caso Montoro

El grupo parlamentario Por Andalucía presenta una proposición no de ley (PNL) en el Parlamento autonómico para pedir que se auditen y fiscalicen todas las licitaciones y adjudicaciones otorgadas a la consultora EY, de la que es "socio" el primer consejero de Hacienda del Gobierno de Juanma Moreno (PP-A) José Alberto García Valera, investigado en el denominado caso Montoro.

Así lo ha señalado el grupo en un comunicado ante las "nuevas informaciones" sobre esta presunta trama que "dibujan una inquietante secuencia" que se inicia con el nombramiento, por parte del exministro Cristóbal Montoro de García Valera entre los años 2016 y 2018 como director general de Tributos, al que achacan "un papel protagonista en la redacción de los textos de los anteproyectos de ley y proyectos de Reglamento donde se recogían las pretensiones que las empresas gasistas habían concertado a cambio de entrega de dinero a la trama".

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, nombró en enero de 2019 a García Valera como consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, si bien éste dimitió "tras un corto período de tiempo" en el cargo, en febrero de ese mismo año, y posteriormente pasó "a ser socio de la consultora EY", han relatado Por Andalucía.

La confluencia que agrupa a Podemos e Izquierda Unida (IU), entre otras formaciones, continúa subrayando que, "según las actuaciones judiciales, mientras el exconsejero de la Junta de Andalucía participaba en la 'trama' de Montoro, intervino en los hechos investigados, prestándose a participar en los supuestos trabajos técnicos que daban aparente soporte a las reformas legales a favor de las empresas".

Añaden desde Por Andalucía que, cuando García Valera abandonó el Gobierno de Moreno, la Junta de Andalucía adjudicó "a la consultora del exconsejero imputado contratos millonarios para la elaboración de auditorías del sector instrumental de la Junta de Andalucía".

"Esta práctica ya fue censurada por la propia Cámara de Cuentas de Andalucía en el informe de fiscalización del primer año del Gobierno de Moreno, que advirtió que dejar en manos privadas las auditorías del sector público suponía desposeer a la Intervención General de la Junta de Andalucía de una responsabilidad que le correspondía", advierte el grupo del que Inma Nieto es portavoz parlamentaria.

Así las cosas, Por Andalucía considera "necesario reevaluar los acontecimientos, y que todas las licitaciones y adjudicaciones otorgadas a la consultora del exconsejero imputado sean debidamente auditadas y fiscalizadas para mayor garantía de su licitud", para lo que ha anunciado que presentará la referida proposición no de ley.

PLANTEAMIENTOS DE LA PNL
En concreto, con dicha iniciativa, consultada por Europa Press, el grupo quiere que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "proceder a la revisión de los procesos de adjudicación de los contratos suscritos con EY desde 2019 a la actualidad, así como a la auditoría de su adjudicación y cumplimiento, encargando para ello un informe de fiscalización específico a la Cámara de Cuentas de Andalucía".

También quiere que el Parlamento emplace a la Junta a "poner a disposición de los grupos del Parlamento de Andalucía y de la ciudadanía la documentación íntegra de los expedientes de la contratación de EY, en los que, junto al proceso de adjudicación, conste el conjunto de documentos que acrediten la realización de los servicios contratados, las memorias justificativas de los mismos, sus pagos y posibles modificaciones o prórrogas efectuadas".

En tercer y último lugar, la iniciativa plantea que se inste al Gobierno andaluz a "comparecer a la mayor brevedad ante la ciudadanía y el Parlamento de Andalucía, a fin de ofrecer cuantas explicaciones procedan sobre la contratación y las relaciones mantenidas con la empresa del exconsejero imputado, dando así coherencia a los reiterados requerimientos que componentes del Gobierno andaluz, entre ellos el propio Moreno Bonilla, reclaman a terceros cuando trascienden situaciones de causas penales por corrupción".

Por Andalucía entiende que "el PP no debería poner objeción a dicha propuesta, que va en concordancia con la presentada por su grupo parlamentario con respecto a licitaciones afectadas por el 'caso Koldo'".

Asimismo, el grupo parlamentario de IU y Podemos espera que el PP "se separe de las incomprensibles declaraciones efectuadas por el sucesor del exconsejero imputado, Juan Bravo, quien, para restarle importancia a la presunta corrupción conocida, ha tenido el arrojo de, entre otros argumentos, decir que las presuntas leyes corruptas no lo eran 'porque las había aprobado el Parlamento'", critican desde Por Andalucía.

Si, a juicio de Por Andalucía, "ese argumento era falaz y delirante cuando lo esgrimía el PSOE en el caso de los ERE --expedientes de regulación de empleo--, escuchar al PP replicarlo tras años diciendo lo contrario es un verdadero delirio y un insulto al pueblo andaluz", zanjan desde el grupo parlamentario de izquierdas.