El Tribunal de Cuentas reseña deficiencias en el control de la ejecución de contratos de Justicia, Defensa y Exteriores

Alerta de que la falta de control sobre el cumplimiento de condiciones especiales impide la exigencia de responsabilidades

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El Tribunal de Cuentas ha detectado "deficiencias en el control de la ejecución" de contratos adjudicados por los Ministerios de Justicia, Defensa y Asuntos Exteriores en el ejercicio de 2022, sobre todo en lo relativo al cumplimiento de las "condiciones especiales" fijadas en los pliegos, lo que ha supuesto la falta de exigencia de las responsabilidades pertinentes.

Así consta en el informe de fiscalización de los Contratos de la Administración General del Estado vinculados a las políticas de gasto 11 "Justicia", 12 "Defensa", y 14 "Política exterior y cooperación para el desarrollo", correspondiente al ejercicio 2022, aprobado este martes por el órgano que preside Enriqueta Chicano.

El informe analiza 103 contratos por un importe de 363 millones de euros adjudicados por estos tres departamentos ministeriales, así como por algunas entidades dependientes de los mismos como el Instituto de Vivienda, Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Instituto Cervantes.

En la mayoría de los contratos se han apreciado deficiencias en el establecimiento de las condiciones especiales de ejecución, recogiendo meras obligaciones legales, así como en el control del cumplimiento de las mismas en los términos fijados en los pliegos, lo que ha acarreado la falta de exigencia de las responsabilidades correspondientes.

Esto último ha sucedido en los 18 contratos del Ministerio de Justicia analizados por el tribunal; en 48 de los 69 firmados por Defensa, y en 12 de los 16 suscritos por Exteriores.

SIN SEGUIMIENTO DE LA SUBCONTRATACIÓN
Igualmente, en la práctica totalidad de los contratos de estos tres ministerios no se ha efectuado el seguimiento y control de la subcontratación, según destaca el informe, recogido por Europa Press.

"En todos los contratos fiscalizados en que se permite la subcontratación en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), no existe ninguna actuación del órgano de contratación ni del responsable del contrato para conocer o supervisar el correcto desempeño de la subcontratación, ni tampoco consta ninguna comunicación por escrito de los adjudicatarios de los contratos de la intención de subcontratar ni de la información de los subcontratistas en su caso", reza el informe.

Asimismo, en la mitad de los contratos de Justicia y en seis de los 16 de Exteriores no existió "control de la ejecución" o se limitó a la conformidad de las facturas "sin dar cumplimiento a las exigencias de control de la ejecución previstas".

En la fase de preparación se han observado en algunos casos deficiencias tales como la inclusión, sin justificación, de la experiencia como criterio de adjudicación y no como requisito de la solvencia técnica exigida o la falta de desglose de los costes directos e indirectos o de los costes laborales en los estudios y justificación del coste previsible de los contratos.

NO EVALÚAN ORGANISMOS ESPECIALIZADOS
El fiscalizador también señala algunos casos de uso de sistemas de valoración de criterios mediante juicio de valor, empleando umbrales mínimos, "sin que la valoración la efectúen organismos especializados o un comité de expertos, conforme exige la norma".

Con este panorama, el órgano que preside Enriqueta Chicano recomienda incluir procedimientos de control de la ejecución "claros y precisos que sean realmente efectivos" o emplear condiciones especiales de ejecución vinculadas con el objeto del contrato y recoger en los pliegos los procedimientos para documentar y controlar su cumplimiento y las penalidades a imponer en caso de incumplimiento.

También sugiere medidas para mejorar la calidad de los informes de insuficiencia de medios y reducir el empleo de fases de valoración sometidas a la superación de umbrales de valoración de criterios sujetos a juicios de valor.