Robles recuerda que la ley no obliga a García Ortiz a dimitir por ser procesado y cree que es una decisión "personal"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recordado que la legislación no obliga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dimitir en el caso de ser procesado judicialmente y que, por tanto, su eventual salida es una decisión "personal" que tendría que tomar él mismo.

"No soy quien para decirle al fiscal general lo que tiene que hacer, lo que hay que hacer es dejar trabajar al Tribunal Supremo y tener plena confianza en los tribunales y en las instituciones", ha proclamado la ministra en Paracuellos del Jarama (Madrid), donde ha acudido al homenaje en honor a los paracaidistas fallecidos en 2007 en Líbano.

Así ha respondido la también magistrada al ser preguntada si García Ortiz debería presentar su dimisión después de que el Tribunal Supremo le haya dejado a un paso del banquillo por un presunto delito de revelación de secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

A su juicio, las dimisiones son siempre "una cuestión personal" y recae en "cada uno" saber lo que tiene que hacer "en función de su responsabilidad". "La ley no prevé expresamente un supuesto de dimisión en este caso concreto, por tanto, es una decisión personal que tiene que tomar el fiscal general", ha incidido posteriormente.

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
Robles cree que en España se está "olvidando" el principio de la presunción de inocencia. "Todos somos inocentes hasta que no haya una sentencia firme condenatoria", ha recordado, lamentando que se estén haciendo "muchos juicios de valor en distintos procedimientos" y ha abogado por "respetar y acatar" las resoluciones que tome el Supremo.

Preguntada por las críticas del Partido Popular a la continuidad de García Ortiz en el cargo, la ministra ha recomendado a los 'populares' que dejen "trabajar tranquilamente" a los jueces y dejen de hacer "oposición de todo", pues cree que algunas de las consideraciones lanzadas pueden generar "presión" sobre el tribunal.

"No vale todo en política y el PP aprovecha todo para ir contra el Gobierno, creo que en este caso al PP no le importa tanto el fiscal general del Estado, ni la justicia, que durante muchos años ha dejado abandonada, sino que quiere utilizar esto como un instrumento más contra el Gobierno", ha resumido.