El Gobierno inicia el traslado de menores migrantes desde Canarias tras el mandato del Tribunal Supremo
El Ejecutivo ha iniciado los traslados de menores migrantes no acompañados desde Canarias hacia la Península, respondiendo a una orden judicial para aliviar la saturación. Las autoridades insisten en garantizar la protección y bienestar integral durante todo el proceso.
En cumplimiento del auto emitido por el Tribunal Supremo, el Gobierno ha comenzado a transferir un grupo inicial de diez menores migrantes no acompañados desde Canarias a recursos estatales en la Península, activando así un plan semanal que busca atender a más de mil niños que han solicitado asilo y que permanecen en condiciones críticas en las islas.
Compromiso ante una situación urgente
El traslado de estos menores se produce tras la sentencia judicial que instó al Ejecutivo a adoptar medidas inmediatas para descongestionar los centros canarios, donde la saturación afecta gravemente las condiciones de vida y el derecho a la protección de estos jóvenes. El Gobierno ha activado un dispositivo para reubicar a estos niños en instalaciones adecuadas a lo largo del territorio peninsular.
Un plan escalonado y con respeto absoluto
Según han explicado fuentes oficiales, el proceso seguirá una pauta semanal, con el traslado de aproximadamente 30 menores por semana. Esta dinámica busca evitar sobresaltos y asegurar un seguimiento riguroso, “garantizando el derecho superior del menor”, como ha señalado el ministro Ángel Víctor Torres, quien ha destacado que el acompañamiento y protección se mantienen en todo momento.
Críticas a la gestión y desafíos logísticos
No obstante, desde Canarias se han expresado reservas sobre la ejecución práctica del plan. El presidente canario, Fernando Clavijo, ha denunciado “cierta improvisación” y falta de comunicación sobre las identidades de los menores en las remesas posteriores, lo que añade presión a un sistema ya exigido por la complejidad de la situación migratoria.
Una respuesta necesaria frente a la saturación
El ministro Torres ha enfatizado que este movimiento responde a una doble necesidad: cumplir con la orden judicial y atender la crítica saturación que sufre la red de acogida en Canarias, además de proteger a niños vulnerables que huyen de situaciones difíciles en sus países de origen. En su mensaje, ha subrayado que el Gobierno actúa con “rigor, compromiso y sin improvisaciones” para garantizar la integridad y bienestar de estos menores.
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