Colectivo critica que la postura de Gogora sobre los etarras Txiki y Otaegi "va en dirección contraria" a informe de ONU

Lamenta el "silencio" de las instituciones de Euskadi y Navarra ante el informe "contundente" del Comité de Derechos Humanos

GEBehatokia ha defendido que "los derechos de verdad, justicia y reparación" de Jon Paredes Manot 'Txiki' y Ángel Otaegi, miembros de ETA ejecutados en el franquismo, se hagan "integralmente efectivos". En este sentido, ha criticado que las "inadmisibles" manifestaciones del director de Gogora, Alberto Alonso, al respecto "van en la dirección contraria" al informe del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y "se alejan de los criterios de neutralidad de los estándares" de este organismo.

El Observatorio de Derechos Humanos ha emitido este jueves un comunicado en el que anuncia que ha remitido a las instituciones de Euskadi y Navarra el "contundente" informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU, cuyas conclusiones y recomendaciones se hicieron públicas el pasado julio, y alude a "la polémica desatada este verano al negarse la condición de víctimas del franquismo" a Paredes y Otaegi.

Para GEBehatokia, esta "polémica adquirió su momento álgido con las inadmisibles declaraciones" del director del Instituto Vasco de Memoria, Convivencia y Derechos Humanos Gogora, quien abogó por que "no se meta en el mismo saco" a 'Txiki' y Otaegi y a los miles de antifranquistas que trabajaron por la democracia. Según indicó Alberto Alonso, "una cosa es reconocerles su condición de víctimas franquistas y otra es el homenaje".

El Observatorio ha insistido en que, en su informe, "el propio Comité de Derechos Humanos advirtió sobre las condiciones de impunidad en que todavía se encuentran los crímenes del franquismo y la imposibilidad para sus víctimas de acceder al reconocimiento, la reparación y la justicia".

En este sentido, ha apuntado que el Comité denunció que las "violaciones graves de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista no hayan dado lugar a ninguna actuación penal efectiva" y exige a España "adoptar todas las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar que no se aplique ni la amnistía ni la prescripción a las graves violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, y que esta prohibición se cumpla escrupulosamente en la práctica".

Por ello, GEBehatokia considera que las palabras de Alberto Alonso "van en la dirección contraria de lo expresado por el Comité", que llama a "continuar sus esfuerzos para promover el reconocimiento de responsabilidades, el esclarecimiento de la verdad [...] y la preservación de la memoria", y además "se alejan de los criterios de neutralidad definidos por los estándares de Derechos Humanos definidos por Naciones Unidas que el Gobierno Vasco y Gogora deberían tener como marco único de actuación".

Por su parte, el Observatorio se ha ratificado en su "labor de que los derechos que asisten a Txiki, Otaegi y tantas otras víctimas del Estado de verdad, justicia y reparación se hagan integralmente efectivos" y ha anunciado que tomará "cuantas iniciativas estén en sus manos para garantizarlos".

SILENCIO
Por lo que respecta al envío del informe del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a los gobiernos, parlamentos y defensores del pueblo de las dos comunidades y al Instituto Gogora, ha explicado que, además de remitirlo, ha preguntado a cada institución por su opinión sobre el informe y "qué acciones piensan realizar para que el Estado español adopte las medidas necesarias, ya sean ejecutivas o legislativas, para cumplir por fin las recomendaciones emitidas".

"En el caso de Euskadi y de Navarra, nos sorprende el silencio de las instituciones ante un informe tan contundente de Naciones Unidas, que afecta a miles de ciudadanos y ciudadanas de este país, víctimas del incumplimiento por parte del Gobierno español de sus obligaciones internacionales", ha lamentado.

Según ha recordado, el pasado 18 de julio el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas hizo públicas las conclusiones y recomendaciones del 144º período de sesiones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, desarrolladas a principios de julio en Ginebra, en las que se llevó a cabo el examen al Reino de España en cuanto al cumplimiento de las obligaciones adquiridas en base al Pacto Universal de Derechos Humanos.

El Observatorio ha destacado que "la gran preocupación de las instancias internacionales viene repitiéndose cada vez con mayor contundencia: reconocer a las cerca de 6.000 víctimas de tortura, apoyarlas en su reparación y en su búsqueda de la verdad, investigar los delitos de tortura levantando los límites de prescripción, anular la ley de amnistía de 1977 que perpetúa la impunidad de los perpetradores de violaciones de derechos por parte del Estado, etc".

Además, ha advertido de que se reclama "cada vez con más insistencia" que el Gobierno español "cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos", lo que, a su entender, "a todas luces no está haciendo, aplicando una 'política del avestruz'".