C.Valenciana pide al TS suspender cautelarmente el decreto de reparto de menores migrantes "para evitar traslado masivo"

Camarero subraya que la ocupación del sistema en la Comunitat está al 160% y lamenta la financiación calculada por el Ejecutivo

El Gobierno valenciano interpondrá un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) para pedir la suspensión cautelar del Real Decreto aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para el reparto de menores migrantes no acompañados. El objetivo de este paso judicial es "evitar un traslado inadecuado y masivo".

Así lo ha trasladado la portavoz del Consell y vicepresidenta primera, Susana Camarero, en una rueda de prensa posterior al pleno del Gobierno valenciano.

En concreto, según ha explicado Camarero, el Consell ha autorizado a la Abogacía General de la Generalitat la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el decreto que aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas de las comunidades y ciudades autónomas.

Al respecto, Camarero ha indicado que el Consell va a proceder a impugnar "todas y cada una" de las normas aprobadas por el Gobierno central en relación con este asunto. En este punto se ha referido a un recurso ante el Constitucional, por considerar la norma inconstitucional, y luego al Supremo.

La vicepresidenta ha recalcado que en caso de aplicarse el decreto del Ejecutivo, "supondría una infracción del ordenamiento constitucional de distribución de competencias, una injerencia en las competencias propias de la Generalitat en materia de asistencia social y de personas menores y, además, una infracción del principio de autonomía financiera, porque el Gobierno pretende una distribución de menores de edad migrantes no acompañados sin una planificación previa y sin destinar los recursos suficientes necesarios".

Además, Camarero ha manifestado que este decreto no ha tenido en cuenta los datos enviados por las comunidades autónomas respecto a la capacidad del sistema de protección de menores y, además, no se ha sometido a la aprobación de la conferencia sectorial, "incumpliendo el primer extremo de la norma", ha dicho.

"La Comunitat --ha añadido-- es una comunidad solidaria pero también es una comunidad responsable respecto a la atención y a la protección de los menores migrantes no acompañados. Tenemos un sistema de protección que reúne los más altos estándares de calidad y no queremos que esta decisión arbitraria, injusta e inconstitucional, desde nuestro punto de vista, rompa ese sistema", ha manifestado.

Camarero ha recordado que la autonomía, por su posicionamiento geográfica, hace que lleguen menores migrantes no acompañados por distintas vías. "Ayer mismo --ha agregado--, en la última patera que llegó a Alicante, hay un menor que ya está en nuestro sistema de protección. Llegan por pateras, están llegando permanentemente, este verano han llegado distintos menores. También llegan por comunidades vecinas que, a su vez, llegan a pateras a otras comunidades y también están llegando a nuestros sistemas de protección en esos cupos de adultos que el Gobierno traslada a la Península a través de entidades sociales".

Así, ha reiterado: "Somos una comunidad solidaria pero también una comunidad tan responsable que, al haber aumentado el número de menores que han llegado a nuestra comunidad que necesitaban esa protección en los últimos años, hemos incrementado en 122 nuevas plazas".

"Es decir, no se nos puede achacar de insolidaridad cuando las plazas en el sistema se han incrementado respecto a las plazas que tenía el Botènic en 122, lo que supone un 62% de plazas más de las que existían con el Gobierno anterior. Y todo esto financiado a pulmón por la Comunitat porque el Gobierno no paga estas plazas", ha subrayado.

El coste anual supone, según ha dicho, un total de 23 millones de euros. "Contamos en la Comunitat con 1.720 plazas de atención residencial de protección de menores, menores entre los que también se encuentran los menores migrantes no acompañados. Y la ocupación media de nuestro sistema está cercana al 160%", ha apostillado.

Estos datos, ha apuntado, llevan a la conclusión de que la aplicación automática de una fórmula "ideada y calculada" por el Gobierno de España no se corresponde con la capacidad ordinaria y, sobretodo, con la capacidad real del sistema en la Comunitat Valenciana. Y ha repetido: "El sistema de protección de menores de la Comunitat no tiene hoy capacidad para acoger a esos 571 menores que Sánchez ha decidido enviarnos con un fondo de 7,4 millones".

"Los 7,4 millones de euros entre los 571 menores que nos van a trasladar da una media de 75 euros día pero, sin embargo, el coste real en nuestro sistema de protección de estos menores es de 218 euros día. Por lo tanto, el Gobierno no está asumiendo la financiación de los menores que nos quiere trasladar a la Comunitat", ha lamentado Camarero.

Y ha concluido: "El sistema de protección actual se pone en riesgo con esta decisión y, por eso, vamos a ir pidiendo a los tribunales, en este caso al Supremo, una suspensión cautelar de las medidas que puedan llevar a un traslado inadecuado y masivo de menores".

CARTAS A AYUNTAMIENTOS
Camarero, preguntada por el criterio seguido para la remisión de cartas a ayuntamientos interesándose el Consell por la capacidad de acogida de los menores, ha explicado que se ha enviado a los municipios de más de 10.000 habitantes y "se trata de una información, de abrir una vía de diálogo, no es una imposición", ha aclarado.

Y la carta, ha repetido, "ha llegado a todos estos municipios con diferentes colores políticos". Ante esta petición de información a las localidades, Camarero ha indicado que le "sorprende" que los ayuntamientos socialistas "no quieran participar en este proceso".

"Hay alcaldes que han despotricado directamente. Es chocante e incoherente que no quieran cooperar, coordinarse y que no hayan puesto a disposición en su contestación ni un solo recurso para acoger a estos menores. Solo un ayuntamiento gobernado por el PSPV me ofreció dos viviendas, el de Villareal".

Así, estima que los ayuntamientos del PSPV "dan la espalda a los menores que pudieran llegar a la Comunitat en el reparto que Sánchez ha decidido. Sus respuestas son más o menos las mismas. Por ejemplo, dicen que no tienen recursos pero que les parece bien el reparto, que es equitativo y que está suficientemente financiado. Así que dicen que es equitativo que a País Vasco y Cataluña no lleguen menores y sí a la Comunitat, es decir, que haya comunidades de primera y de segunda". "Hemos detectado respuestas ideológicas y poco humanas", ha lamentado.

Respecto a los ayuntamientos gobernados por el PP, la vicepresidenta ha indicado que han manifestado entender la dificultad y han denunciado la política migratoria del Gobierno. También han ofrecido, según ha dicho, una coordinación interinstitucional. "No se quejan de la carta. Todas las quejas llegan por parte de los ayuntamientos socialistas, que no tienen interés en coordinarse con la Generalitat y que no ofrecen recursos", ha insistido.

Interpelada por el hecho de que algún municipio como Altura, de 4.000 habitantes, también haya recibido la carta pese al criterio de los 10.000 habitantes, Camarero ha señalado que probablemente se envió por error.