Castilla y León asegura que seguirá la ley para autorizar extracciones mineras en zonas afectadas por incendios

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que la Junta de Castilla y León aplicará los criterios "previstos en la ley" para autorizar proyectos de extracción minera en las zonas recientemente afectadas por los incendios, que viene regulado por una normativa nacional.

Fernández Carriedo ha respondido así al procurador de Vox José Antonio Palomo, quien ha preguntado a la Junta los criterios que utilizará para autorizar estos proyectos ante la preocupación de la gente, que cada verano ve cómo el fuego arrasa miles de hectáreas de los montes y "poco después comienzan a sonar voces sobre proyectos de futuro que, curiosamente, parecen encontrar más facilidades en esos terrenos ya calcinados".

El consejero ha detallado la normativa aplicable para dar el visto bueno a estas autorizaciones, que son la Ley de Minas de 1973, que es la actualmente vigente en España; el Real Decreto 2857 de 1978, que es el Reglamento General para el régimen de la minería, especialmente en sus títulos 3, 4 y 5 y en sus secciones A, B y C, que son las que son aplicables para estos hechos. A esto se suma la ley 7/2001 sobre Cambio Climático y Transición energética, aprobada recientemente y que incluye nuevos criterios para la investigación y el aprovechamiento de yacimientos minerales.

Todas ellas son normativas estatales de aplicación en todo el territorio nacional, ha aclarado Carlos Fernández Carriedo, quien ha añadido que, tal y como marca la Constitución, el Estado tiene competencia "exclusiva" sobre las bases de régimen minero y energético.

En el caso de estos terrenos afectados por incendios, ha apuntado que no se modifica el modelo de tramitación, "que sigue siendo exactamente lo mismo", dado que la normativa no contempla ninguna circunstancia específica en este ámbito y sí le significa que todos los proyectos requieren, además, una serie de informes adicionales, además de los previstos y las regulaciones en la normativa como el sometimiento a evaluación de impacto ambiental, el impacto de los proyectos y la autorización de uso excepcional de suelo rústico de acuerdo con la Ley de Urbanismo.

Asimismo, requieren autorizaciones competencia de otros órganos ajenos a la Junta como puede ser la gestión por parte de las confederaciones hidrográficas en este tipo de tramitaciones administrativas.

"El procedimiento es el mismo, es la normativa nacional que uno establece y lo que hacemos nosotros es ejecutar simplemente una normativa de ámbito nacional que es del año 73", ha concluido.

PREOCUPACIÓN EN LOS PUEBLOS
Fernández Carriedo ha respondido al procurador de Vox, quien ha asegurado que su pregunta es "de enorme calado" para la confianza de los vecinos porque ha asegurado que tras los incendios parece que llegan proyectos de futuro con más facilidades en los terrenos calcinados.

"Y claro, la gente habla. Habla en los bares, en las plazas, en los barrios. La gente se pregunta si será casualidad que después de un gran incendio aparezcan proyectos que antes parecían imposibles", ha asegurado Palomo Martín, quien ha asegurado que no pretenden "insinuar más de lo que corresponde", pero tampoco quieren "ignorar" lo que preocupa a quienes viven en esas zonas.

A este respecto, ha incidido en que lo que está en juego "no es solo el paisaje ni el patrimonio natural" sino también la "credibilidad" de las instituciones que gestionan las zonas calcinadas. "Es verdad que el fuego abre caminos insospechados y algunos podrían pensar que donde antes había un monte lleno de encinas y pinos ahora hay un terreno más despejado para emprender otro tipo de actividades", ha afirmado el procurador, quien ha cuestionado si en este caso el mensaje que se enviaría es que los montes "son un estorbo hasta que el fuego los convierte en solares".

En esta línea, ha aclarado que Vox no puede "aceptar" esa idea "ni siquiera por sospecha" porque considera que los pueblos necesitan "garantías y confianza", "certeza" de que la Junta no permitirá "que la desgracia de un incendio se convierta en la antesala de otro tipo de negocios extractivos".

"Si lo miramos con cierto sarcasmo, casi parece que en algunos casos el fuego se haya convertido en un facilitador administrativo. Elimina árboles, despeja suelos, borra hábitats y así sin protestas de por medio", ha aseverado el procurador de Vox, quien ha apuntado que aparentemente "todo queda listo" para otros con un procedimiento rápido, "más o menos económico" y "muy eficaz", salvo para quienes sufren las llamas "en primera persona".

Pero, a su juicio, "este tipo de atajos" lo que hacen es "destruir" la confianza ciudadana y cuando los vecinos empiezan a pensar que "tras un incendio no llega la reforestación sino las excavadoras, el daño social es tan grave como el medioambiental".

Finalmente, ha criticado que se lleve años escuchando cómo se "criminaliza y se demoniza" al sector minero de Castilla y León, con la imposición de prohibiciones, "cómo se le cierra la puerta en nombre de discursos verdes y grandilocuentes".

Por eso, ha ceustionado si ahora se va a cambiar la forma de medir y "se pasará de la prohibición al permiso exprés solo porque hay intereses distintos de por medio", algo que consideraría "inaceptable".