Sánchez acusa a Ayuso de usar el 55% de traspasos del Gobierno a "regalos" fiscales a empresas como la de su novio

También carga contra otras comunidades del PP por "desmantelar" el Estado del Bienestar en favor del "negocio de unos pocos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este lunes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de destinar el 55% de las transferencias del Ejecutivo central a hacer "regalos" fiscales a las grandes fortunas de la capital española y a empresas "que acaban vinculadas con algunos de sus familiares", en referencia a su novio, Alberto González Amador, quien está procesado por dos presuntos delitos fiscales y otro de falsificación documental.

Durante su intervención en la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista, Sánchez ha censurado que la derecha, "apoyada por la ultraderecha", no esté usando el dinero que el Ejecutivo traspasa a las comunidades en las que gobierna el PP, como es el caso de Madrid, a contratar médicos, modernizar escuelas o a ampliar las camas de residencias de mayores.

Muy al contrario, ha remarcado, "lo están usando para privatizar esos servicios, para desviar recursos públicos a cuatro grandes empresas afines y para hacer regalos fiscales a los ricos en su territorio".

43.000 EUROS MÁS QUE LO QUE RECIBIÓ CON RAJOY
En concreto, ha subrayado que entre 2019 y 2025, el Gobierno ha transferido a la Comunidad de Madrid 130.000 millones de euros, "43.000 millones de euros más" respecto a lo que traspasó el expresidente 'popular' Mariano Rajoy.

Y se ha quejado de que la presidenta madrileña haya derivado el solo el 45% de las transferencias a servicios públicos y el resto lo haya devuelto "a través de regalos fiscales a las grandes fortunas de la capital".

Singularmente, Sánchez ha destacado que Ayuso ha gastado "5.000 millones de euros" en contratos con la empresa Quirón y "otras muchas empresas por valor de 1.000 millones de euros". "Un negocio redondo --ha enfatizado-- para conseguidores como Alberto González Amador"-- pareja de la presidenta madrileña--, que multiplicó por siete sus ingresos en un año".

Un hecho que, según ha denunciado el jefe del Ejecutivo, es "una terrible noticia para los siete millones de madrileños, "a quienes cada día les cuesta más obtener una cita médica o una plaza de educación para sus hijos".

En esta línea, el presidente también ha dirigido sus dardos a Andalucía para cuestionar que el 'popular' Juanma Moreno Bonilla haya dedicado "1 de cada 4 euros" de los 54.000 millones extra que la Administración Sánchez le ha traspasado --respecto a la de Rajoy-- a cuestiones que "no tienen nada que ver con los servicios públicos".

De hecho, ha continuado el presidente, "(Moreno Bonilla) sólo se ha acordado de la sanidad para darle 1.500 millones de euros a compañías privadas y ha cerrado más de 2.000 aulas públicas al tiempo que renunciaba a 120 millones de euros europeos para crear 12.000 plazas de educación infantil gratuitas".

Y SE PERMITEN EL LUJO DE RECHAZAR LA QUITA
Sánchez también ha puesto como ejemplo a Castilla y León, Murcia, Aragón, Galicia, Baleares o la Comunidad Valenciana, todas ellas gobernadas por el PP, para acusar al partido de Alberto Núñez Feijóo de desviar los 300.000 millones de euros de financiación autonómica extra de la Administración General del Estado "para beneficiar a unos pocos privilegiados; a los mismos, por cierto, que financian sus campañas, sus plataformas propagandísticas o que contratan a sus familiares".

Pero, para Sánchez, "lo más increíble de todo esto" es que, además, los presidentes del PP "se permiten el lujo de rechazar una quita de casi 60.000 millones de euros que ellos mismos pedían y que les permitiría ahorrar 6.700 millones de euros al año en intereses". Es decir, "1.000 millones de euros más de lo que dedican al año todas las comunidades del PP a financiar sus universidades públicas", ha comentado.

"Eso es a lo que están renunciando", ha insistido Sánchez para arengar a renglón seguido a sus diputados, senadores y eurodiputados a combatir en sus respectivos territorios "este ataque sin precedentes al Estado del Bienestar", "frenar" su "desmantelamiento" y evitar convertir "los derechos de la mayoría en mercancías para el negocio de unos pocos".