viernes, 19 de septiembre de 2025 02:13

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Una asociación de policías y guardias civiles reclama a Interior la profesión de riesgo como tienen Mossos y Ertzaintza

La Asociación Equiparación Real ha presentado una reclamación administrativa ante el Ministerio del Interior, el paso previo a un procedimiento judicial por la vía civil, para el reconocimiento como profesión de riesgo de la Policía Nacional y la Guardia Civil y, de esta forma, "poner fin a la discriminación inaceptable" en comparación con Mossos d'Esquadra, Ertzaintza y policías locales.
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Varios agentes de la Policía Nacional en un dispositivo en Madrid

La Asociación Equiparación Real ha presentado una reclamación administrativa ante el Ministerio del Interior, el paso previo a un procedimiento judicial por la vía civil, para el reconocimiento como profesión de riesgo de la Policía Nacional y la Guardia Civil y, de esta forma, "poner fin a la discriminación inaceptable" en comparación con Mossos d'Esquadra, Ertzaintza y policías locales.

La iniciativa, que tendría un coste de unos 1.000 millones de euros según sus cálculos, está respaldada por un informe pericial incorporado a la reclamación elaborada por el despacho Durán & Durán Abogados. En este sentido, apuntan que es la "primera demanda" de este tipo porque pide un plazo de ejecución para que los profesionales de Policía y Guardia Civil sean reconocidos como profesión de riesgo.

"Se trata de una reivindicación histórica respaldada por la experiencia de miles de agentes que arriesgan su vida en cumplimiento de su deber y, sin embargo, no tienen acceso al régimen de jubilación anticipada ni a los derechos derivados de reconocimiento legal como profesión de riesgo", han explicado.

ENFOQUE GLOBAL DE LA DEMANDA
La Asociación Equiparación Real y Durán & Durán Abogados sostienen que su demanda plantea un enfoque original porque se presenta en nombre de agentes concretos de Policía y Guardia Civil, englobando a los que pertenecen a la Seguridad Social y a la mayoría que queda encuadrada en el régimen de clases pasivas.

Los autores de la iniciativa se apoyan en la sentencia 596/2025 del Tribunal Supremo, que ya reconoció parcialmente la situación de desigualdad en los agentes de la Policía adscritos a la Seguridad Social. El siguiente paso, tras la previsible negativa de Interior, será presentar una demanda contencioso-administrativa e incluso recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

"Lo que no puede ser es que un policía local en Barbate que lucha contra el narcotráfico se pueda jubilar antes o cobrar unos 700 euros más de pensión que un policía nacional o un guardia civil que también lucha en Barbate contra el tráfico de drogas", han comentado a modo de resumen.

TAMBIÉN RECLAMAN LA EQUIPARACIÓN SALARIAL
La asociación que preside Eliud Vega, y que dice estar respaldada por 22.000 agentes de Policía y Guardia Civil, ya presentó hace un año una demanda para exigir la equiparación salarial real.

De esta forma, se suma a otras iniciativas que han surgido desde 2017, cuando se iniciaron las negociaciones con el Gobierno del PP para el Acuerdo de Equiparación Salarial con respecto a policías autonómicas firmado en 2018.

Tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al Gobierno, el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska ejecutó dicho acuerdo dotado con más de 800 millones de euros, lo que según sus cálculos ha propiciado un aumento salarial promedio del 38%, motivo por el que dan por cumplido el acuerdo.

La plataforma Jusapol --de la que surgieron el sindicato de la Policía Jupol y la asociación profesional de la Guardia Civil Jucil-- rechazó el Acuerdo de Equiparación por insuficiente y el resto de organizaciones sindicales se agruparon en otra plataforma que pide la profesión de riesgo y el cumplimiento íntegro del acuerdo, incluyendo la cláusula para impedir por ley futuras "disfunciones salariales" con respecto a policías autonómicas.

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