La ley para delegar competencias de inmigración a Cataluña llega al Pleno del Congreso, con Podemos decidida a frenarla

Puede ser la tercera semana consecutiva que la Cámara se opone a la tramitación de una ley de los grupos del Gobierno

La proposición de ley pactada entre el PSOE y Junts para hacer efectiva la delegación parcial a Cataluña de competencias de inmigración llega este martes al Pleno del Congreso con Podemos decidida a tumbarla, por considerarla un texto "racista".

Se trata de un acuerdo que los socialistas y Junts cerraron el pasado marzo después de que los de Carles Puigdemont retirasen su iniciativa en la que invitaban al presidente Pedro Sánchez someterse a una cuestión de confianza.

El mismo día de su presentación la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, anunció su oposición a una iniciativa que considera "racista" y "anti inmigración". "No se hará con nuestros votos", ha venido repitiendo desde entonces.

Pese al riesgo de que no salga adelante, Junts ha decidido llevarla al próximo Pleno para no perder su cupo, puesto que no tenía registrada otra proposición de ley, según confirmaron fuentes socialistas.

De no salir adelante, sería un nuevo revés para el Gobierno de coalición tras el rechazo al proyecto de ley para reducir la jornada laboral con el que arrancó el curso parlamentario y de que, el pasado martes, tampoco pudiera arrancar su tramitación la ley de Sumar para crear una Agencia Anticorrupción.

En esos dos casos fueron los votos de PP, Vox y Junts los que dieron al traste con las iniciativas, pero el martes la previsión es que sea Podemos la que vote en contra de la proposición de ley sobre inmigración pactada entre socialistas y Junts.

Los morados, junto con los 'populares', los de Santiago Abascal y Unión del Pueblo Navarro (UPN) suman 175 votos, justo la mitad de los 350 escaños que componen el hemiciclo. Si Podemos no cambia de postura, la iniciativa decaería aún en el caso de que recabara el apoyo los 175 de PSOE, Sumar y todos sus socios (incluidos Àgueda Micó, de Compromís, y el exministro José Luis Ábalos, ambos en el Mixto). Y es que el Reglamento del Congreso establece que si hay un triple empate, el texto se da por rechazado.

Además, está por ver si hay o no fugas en Sumar. El diputado de Compromís adscrito al grupo plurinacional, Alberto Ibáñez, dijo en su día que no podía votar a favor de una propuesta que, a su juicio, provocaba que la agenda política sobre la migración gire a las posiciones de la "extrema derecha y el racismo". También IU dijo apreciar referencias "xenófobas" que habría que corregir en la tramitación, y también vio un mal precedente Más Madrid, aunque no desveló su voto.

GESTIÓN DE LOS CIE Y MOSSOS EN FRONTERA
La propuesta de PSOE y Junts contempla la gestión de la Generalitat de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y la devolución de los extranjeros que tengan prohibición de entrada, así como que los Mossos d'Esquadra cogestionen con la Guardia Civil y la Policía Nacional la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas. Para ello la policía autonómica estará en frontera y actuará para hacer cumplir la ley en cooperación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Además, según el texto, Cataluña se configurará como "ventanilla única" en su territorio de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración, y expedirá el documento de identidad para los extranjeros, a partir del Registro del NIE del Estado español. También se incrementará el número de Mossos en 1.800 efectivos, hasta alcanzar la cifra total de 26.800 agentes.

El acuerdo también recoge que la comunidad ejerza la competencia sancionadora de los procedimientos administrativos. Por ejemplo, instruirá y ejecutará expulsiones que no requieran expediente (devoluciones), y las que sí lo requieren se resolverán a partir de la propuesta formulada por la Generalitat, previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad catalana.

La Generalitat también determinará el contingente de trabajadores extranjeros en la contratación en origen, aplicará las previsiones de la legislación vigentes en materia lingüística, y serán los Mossos quienes ejerzan la competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata y explotación de seres humanos.

Por último, para que la cesión de competencias sea una realidad, el Estado transferirá "los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios" para que Cataluña las pueda ejercer. Solo de este modo la región podrá desarrollar "un modelo propio" con "una política integral", y "todas las fases de la relación de los inmigrantes" con las instituciones catalanas "tendrán una posición determinante" en la legislación europea y española.

LA CESIÓN, EN BASE AL ARTÍCULO 150.2 DE LA CONSTITUCIÓN
En la exposición de motivos del acuerdo, ambas partes justifican esta delegación de competencias esgrimiendo que Cataluña "ha sido siempre" un territorio con mucha población inmigrante, a la que "ha tenido la capacidad de integrar" en su modelo de "catalanidad". En concreto, recuerdan que el 18% de la población catalana es extranjera y que el 24% ha nacido fuera de Cataluña.

"La situación en Cataluña determina, de acuerdo con la voluntad de la sociedad catalana, la necesidad de asumir la gestión de dicho fenómeno por parte de la Generalitat de Cataluña y las entidades locales que la integran, como administraciones más cercanas a la población", se puede leer en el pacto firmado por PSOE y Junts.

La cesión se hará en base al artículo 150.2 de la Constitución, que recoge que el Estado podrá transferir o delegar a las comunidades autónomas "facultades correspondientes a materia de titularidad estatal" que por su propia naturaleza "sean susceptibles de transferencia o delegación".

Con esta ley, según las partes firmantes, Cataluña "podrá dar respuesta con capacidades suficientes a la necesaria plena integración en el país" --incluida la integración lingüística-- basada en "un marco de derechos y deberes y el respeto a los derechos fundamentales, que es condición para la cohesión social y el progreso".