El Congreso rechaza una iniciativa del PP que buscaba certificar que la amnistía fue un "trueque político" con Junts
La Comisión Constitucional del Congreso ha rechazado este martes una proposición no de ley del PP que buscaba que la Cámara certificara, en línea con las autoridades europeas, que la Ley de Amnistía a los encausados por el proceso independentista de 2017 no se aprobó por razones de "convivencia o reconciliación", como argumentaron sus defensores, sino como "trueque o contraprestación política" para garantizar la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El texto, que ha recibido el apoyo de Vox y de Unión del Pueblo Navarro, ha sido derrotado con los votos del PSOE, Sumar y sus aliados parlamentarios. Precisamente este martes, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por el expresidente catalán Carles Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) de no amnistiarle la malversación del 'procés'.
En su iniciativa, el PP recordaba que la Ley de Amnistía fue impulsada tras las elecciones generales del 23 de julio de 2023 como parte de un acuerdo con Junts, cuyos votos resultaban imprescindibles para la investidura del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El PP reseñaba que Bruselas, en sus alegaciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya advirtió de que la ley no respondía a un interés general reconocido, sino que buscaba garantizar "la impunidad de actores políticos específicos". También criticó la tramitación de urgencia, sin consulta pública ni informes independientes, lo que, según sus alegaciones, vulneró principios básicos del Estado de Derecho como la separación de poderes y la independencia judicial.
El documento citaba, además, declaraciones de responsables de Junts en las que reconocían la autoría de la redacción final de la ley y también las de dirigentes del PSOE que habían rechazado en el pasado la amnistía, incluido el propio presidente del Gobierno.
Para los 'populares', estos testimonios demuestran que la aprobación de la Ley 1/2024 respondió exclusivamente a necesidades parlamentarias del Ejecutivo por eso pretendía que el Congreso reconociera expresamente que la motivación que impulsó esa ley no "fue otra que la obtención del apoyo de determinados partidos políticos, liderados por personas beneficiarias de la misma que participaron en su redacción, a la investidura del candidato Pedro Sánchez".
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