El PP critica a Interior por no informar de la escolta de Leire Díez: "Las cloacas socialistas protegidas por Marlaska"

La diputada y portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez, ha criticado este jueves al Ministerio del Interior por no informar sobre la protección policial de Leire Díez, la exmilitante del PSOE que buscó información comprometedora contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, amparándose para ello en la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y los acuerdos del Consejo de Ministros sobre material de acceso restringido.

"Las cloacas socialistas protegidas por Marlaska", ha denunciado la portavoz de Interior del PP en la red social X, cuestionando que el Ministerio del Interior "tire de una ley franquista para ocultar por qué le ha puesto escolta a la fontanera de Ferraz". "Es una vergüenza: no hay agentes en las calles, pero sí para proteger a delincuentes", ha añadido.

La diputada del PP ha reaccionado de esta forma tras la respuesta por escrito del Gobierno, fechada el 23 de septiembre y que ha consultado Europa Press, a la petición del principal partido de la oposición para reclamar información sobre los motivos por los que se había decidido proteger policialmente a Leire Díez.

La propia Leire Díez reveló que había pedido protección policial al sentirse amenazada a raíz de su comparecencia ante los medios de comunicación del pasado 4 de junio que fue interrumpida entre amenazas por Víctor de Aldama, el presunto conseguidor del 'caso Koldo', y en el que medió el empresario Javier Pérez Dolset para defender a la exconcejal socialista.

EVITAR EL ACCESO INDISCRIMINADO POR SEGURIDAD
En su respuesta por escrito, el Gobierno se remite a la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y los acuerdos del Consejo de Ministros sobre material con acceso restringido, así como la Instrucción 3/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad que regula la prestación de servicios de protección de personas.

En este sentido, argumenta de forma genérica que el "acceso indiscriminado" a este tipo de información de protección de personas "podría poner en riesgo no solo la eficacia de dichos planes, sino también la seguridad de terceros, el personal interviniente y las infraestructuras involucradas".

En cuanto a los gastos incurridos por los servicios de protección y escolta de todas las personas incluidas en el registro de protegidos, el Ejecutivo añade que queda inscrito en el presupuesto del Ministerio del Interior correspondiente a Seguridad Ciudadana, "cuyo contenido se fundamenta en la realización de las funciones encaminadas a proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, en cumplimiento de la misión del artículo 104 de la Constitución".