La situación de la vivienda: la constante fricción entre el PSOE, Sumar y los aliados del bloque de investidura

El socio minoritario de la coalición pide cuentas por la falta de ejecución presupuestaria a la ministra Isabel Rodríguez

La vivienda ha vuelto a aflorar como foco de tensiones entre PSOE y Sumar aparte de erigirse como un elemento de fricción constante entre los socios del bloque de investidura con el Ejecutivo durante toda la legislatura.

El pasado martes se produjo un nuevo choque a colación cuando Sumar cargó duramente contra la ministra Isabel Rodríguez, a raíz de su plan de lanzar el teléfono 047 para consultas a la ciudadanía y por el spot de concienciación en redes, reprobada por la mayoría de formaciones a la izquierda del PSOE.

El enfado en el socio minoritario del Ejecutivo lo encarnó la portavoz parlamentaria en el Congreso, Verónica Barbero, que proclamó que a Sumar se le acababa la paciencia con Rodríguez y llegó a deslizar que tendría que dejar paso a otra persona si no era capaz de acometer medidas valientes, si bien matizó posteriormente que con ello no pedía la dimisión de la ministra.

Unas palabras que causaron malestar en el ala socialista, que salió a defender la gestión de su compañera y tildaron de error los reproches de Sumar. La propia ministra de Vivienda comentó que estas críticas era una forma de llamar la atención de Sumar.

MOVIMIENTOS DE SUMAR Y SÁNCHEZ
La polémica se ha enfriado por ambos lados y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, la dio por zanjada al señalar que lo relevante son las políticas y no las personas, añadiendo que esperaba negociar y acordar con el PSOE nuevas medidas que Sumar ha planteado al PSOE, en forma de decreto. Incluso auguró que sus iniciativas al final serían asumidas por los socialistas porque son de "sentido común".

Fuentes del socio minoritario apuntan a que hay conversaciones con el PSOE para tratar de consensuar un nuevo paquete de iniciativas en vivienda, aprovechando también la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026.

Entre las demandas que aspiran a que se aplique con carácter urgente destacan la congelación de los alquileres, prohibir la compra especulativa de vivienda y elevar la fiscalidad para los propietarios que dispongan de cuatro o más pisos, entre otras. Y es que en el seno de la coalición Sumar entienden que el Gobierno no tiene que tener miedo y debe gestar estas herramientas de intervención y buscar luego la mayoría parlamentaria para aprobarlas.

Mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, movió ficha a nivel europeo y propone a los líderes de la UE la creación de un fondo específico para la construcción de vivienda protegida y otras medidas para controlar los precios en zonas tensionadas y las viviendas turísticas.

ALBERTO IBÁÑEZ: SÁNCHEZ TIENE QUE ENCONTRAR SOLUCIONES
Sin embargo, el diputado de Compromís y portavoz de Sumar en la Comisión de Vivienda en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha reprochado a la ministra falta de ejecución presupuestaria en esta materia y le ha exigido que lo corrija, unido a "cambios que eviten el oligopolio en la propiedad de vivienda".

Ibáñez ha registrado una iniciativa parlamentaria en la que denuncia que la ejecución presupuestaria en vivienda de 2024 fue de un 32% del presupuesto propio y un 43% menor que en 2023, lo que evidencia una tendencia "alarmante" y una "auténtica vergüenza" teniendo en cuenta las dificultades que presenta el actual mercado inmobiliario.

Por ejemplo, apunta que solo se han plasmado el 14,5% de los 3.168 millones signados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Fondos Next Generation), siendo el ministerio con menor ejecución. Por tanto, ha recriminado en declaraciones a Europa Press que esta gestión de Rodríguez "choca frontalmente" con las posiciones de Sánchez a nivel comunitario.

"El señor Sánchez tiene que decidir cómo puede hacer que ese Ministerio gestione mejor y funcione, porque si no todos sabemos cuál es la respuesta", ha exclamado el diputado para volver a señalar a Rodríguez.

DIFERENCIAS DURANTE TODA LA LEGISLATURA
Las fricciones entre Sumar y PSOE se han venido repitiendo durante toda la legislatura, así como las críticas hacia la ministra de Vivienda que en este último episodio han encapsulado dentro del grupo parlamentario, quedando al margen los ministros de Sumar. La propia portavoz comentó en una entrevista con Europa Press el mes pasado que la vivienda requería innovación y valentía y que a Rodríguez le faltaban ambas.

Así, el socio minoritario ha reclamado a los socialistas que desbloqueen la tramitación de la proposición de ley para limitar el alojamiento turístico y ha criticado planteamientos del PSOE como el aval a las hipotecas, incentivos fiscales a los caseros que rebajen el precio del alquiler y la ayuda de 30.000 euros a jóvenes para alquiler con opción a compra anunciada por el presidente. Unas recetas que para Sumar son viejas y no resuelven el problema porque son transferencias a los "rentistas".

También hubo un fuerte desencuentro con la propuesta de reforma de la Ley del Suelo que trató de impulsar el PSOE y que al final el Gobierno retiró del Pleno del Congreso antes de que se votara, ante la falta de apoyo de Sumar y el resto de socios de su izquierda.

PODEMOS, ERC Y BILDU
Los reproches al PSOE por su política de vivienda no se acotan a Sumar dado que ERC, por medio de su portavoz Gabriel Rufián, viene alertando a Sánchez de que la crisis habitacional puede llevarse por delante al Gobierno y que es necesario actuaciones contundentes para bajar los precios. Bildu también viene presionando en este sentido y recientemente y considera insuficientes las respuestas del Ejecutivo.

Podemos se ha mostrado especialmente crítico con el Gobierno al tachar iniciativas como el teléfono de consultas de vivienda de "tomadura de pelo" y acusar directamente al Ejecutivo de inacción y plegarse a los intereses del rentismo. En la dirección del partido creen que el PSOE se escuda en la compleja aritmética parlamentaria para no avanzar y usa de excusa a Junts y PNV.

Los 'morados' han condicionado parte de sus exigencias de cara a dar apoyo a los futuros PGE para 2026 a cuestiones de vivienda, en concreto a bajar un 40% por ley el precio del alquiler, prohibir la compraventa de vivienda que no sea para residir en zonas tensionadas y expropiar el uso de pisos a fondos buitre para sacarlos a alquiler sostenible.

Esta semana han recriminado al PSOE que haya unido sus votos a PP, Vox y Junts para impedir la aprobación de una proposición no de ley suya que instaba a aplicar este tipo de medidas y otras como convertir en indefinidos los contratos de arrendamiento, entre otros puntos.