El Congreso somete a examen la ley que obliga a las empresas a atender en las lenguas cooficiales

El Congreso de los Diputados inicia un nuevo capítulo en la tramitación de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, impulsada por el Gobierno y pactada con Junts, con la que se pretende que grandes empresas garanticen atención en las lenguas cooficiales del Estado. La norma llega a un momento crítico, generando debates sobre su alcance, coste económico y la forma en que se aplicará en distintos territorios.

Contexto y objetivos de la ley

La reforma, incluida en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, ha superado tres reuniones a puerta cerrada en fase de ponencia y ahora será debatida en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo el próximo miércoles 29 de octubre. Tras esta sesión, en la que se votarán enmiendas al articulado, el dictamen se elevará al Pleno para su posible aprobación definitiva.

Según fuentes del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, "la medida busca que los derechos lingüísticos de la clientela se respeten y que todas las empresas cuenten con los medios humanos y técnicos necesarios para ofrecerlos". La intención es garantizar que la atención en castellano o en lenguas cooficiales se realice de manera efectiva, profesional y sin que dependa de la buena voluntad de la empresa.

Alcance de la normativa y delimitación geográfica

La norma establece que empresas con más de 250 trabajadores, con facturación superior a 50 millones de euros o que presten servicios de interés general deben ofrecer atención al cliente en las lenguas cooficiales de la comunidad donde operen.

Enmiendas recientes precisan que la obligación será efectiva únicamente en comunidades bilingües, corrigiendo la interpretación inicial que podía aplicar la norma en todo el territorio español. La enmienda transaccional, pactada también con Bildu y BNG, indica que "a solicitud de la persona consumidora o usuaria sita en comunidades autónomas con varias lenguas oficiales, se asegurará la atención en el idioma oficial que se solicite".

Implicaciones para empresas y consumidores

El impacto económico de la ley se concentra en grandes compañías de sectores como telecomunicaciones, banca, energía y comercio, que deberán adaptar recursos humanos, sistemas informáticos y procesos internos. Expertos consultados por Europa Press advierten que "habrá costes iniciales significativos, pero también oportunidades para mejorar la fidelización de clientes y el cumplimiento normativo".

Además, se regulan consultas, quejas y reclamaciones, que podrán presentarse "en castellano o en cualquiera de las lenguas oficiales cuando el servicio se dirija a clientela en comunidades con lengua cooficial". Esto implica adaptación de call centers, formularios online y atención presencial.

Medidas adicionales: spam y reseñas falsas

La ley también introduce medidas para proteger a los consumidores frente al spam y reseñas engañosas. Se pretende que las llamadas comerciales requieran consentimiento previo, renovable cada dos años, y que se permita a las empresas responder o solicitar la eliminación de reseñas que no sean auténticas.

Como ha explicado un portavoz del Ministerio, "el objetivo es ofrecer transparencia y seguridad al consumidor, evitando abusos y prácticas engañosas que actualmente se producen en algunos sectores".

Debate político y social

El acuerdo con Junts ha provocado un intenso debate político. Los independentistas defendían una aplicación extensiva de la obligación en todo el Estado, mientras que el Ministerio insistió en que se limite a las comunidades bilingües. La polémica también alcanza al ámbito social: asociaciones de consumidores y colectivos lingüísticos apoyan la iniciativa, mientras algunas empresas reclaman más claridad sobre la implementación y costes asociados.

Perspectivas y próximos pasos

Tras la sesión en comisión, la ley avanzará al Pleno del Congreso, donde se votará el dictamen final. Si se aprueba, entrará en vigor con un calendario de implementación escalonado, dando tiempo a las compañías para adaptar sus servicios y garantizar atención efectiva en catalán, gallego y euskera, además de castellano.

Analistas destacan que esta normativa puede marcar un precedente en Europa sobre derechos lingüísticos y atención al cliente. Como resume un experto en derecho mercantil, "España se convierte en un referente en la protección de los derechos lingüísticos en el ámbito comercial, combinando normativa con respeto cultural y eficiencia empresarial".