Prisiones reconoce un aumento de agresiones leves al registrar manotazos o escupitajos, pero niega falta de medios

El Gobierno ha reconocido que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha registrado un aumento "cuantitativo" de agresiones leves a funcionarios, pero ha matizado que esto se debe a que desde 2022 tienen un "conocimiento más exhaustivo" de esta problemática ya que "se computan como agresiones sin lesiones algunas que hasta ese momento no se incluían como empujones, manotazos, agarrones, lanzamiento de líquidos/objetos y escupitajos".

Además, el organismo dependiente del Ministerio del Interior que vela por el correcto funcionamiento de las prisiones ha añadido que los profesionales penitenciarios disponen de los "elementos de protección personal e intervención adecuados", según refleja en una respuesta parlamentaria a Vox a la que ha tenido acceso Europa Press.

"Todos los centros penitenciarios cuentan con protocolos de seguridad y procedimientos de actuación ante incidentes regimentales en los que se contemplan las medidas preventivas que deben adoptarse, las pautas a seguir y los elementos de protección personal y medios coercitivos que deben portar los profesionales intervinientes", ha sostenido.

SE REDUCE A LA MITAD LOS PRESOS EN PRIMER GRADO
Vox preguntaba por la situación en general de las prisiones que denuncian algunos trabajadores, que deja una media de "una agresión cada 16 horas", y pedía explicaciones por casos concretos como el del centro penitenciario de Sevilla II, en Morón de la Frontera, "donde en apenas dos meses se han registrado cuatro agresiones de extrema gravedad".

El partido que lidera Santiago Abascal también relacionaba estas agresiones con la reducción de presos clasificados en primer grado o régimen cerrado, el más restrictivo para los internos por limitar el tiempo que pueden estar fuera de sus celdas.

En su respuesta, el Gobierno se remite a los datos de Instituciones Penitenciarias desde el año 2018, cuando había 1.013 internos penados y preventivos clasificados en primer grado, una cifra que se ha ido reduciendo hasta la mitad, con 506 presos en primer grado en 2025, con datos del pasado mes de septiembre.

Vox también se interesó por la tasa de reincidencia, remitiéndose el Gobierno en su contestación al estudio del Ministerio del Interior con datos de las 19.909 personas que fueron excarceladas en 2009 y que reveló que ocho de cada diez no volvía a prisión tras cumplir una pena privativa de libertad.