Hermanas de García Caparrós accederán este martes a documentos del asesinato "sin tachaduras" en el Congreso

Las hermanas de Manuel José García Caparrós, el joven malagueño asesinado al recibir un disparo el 4 de diciembre de 1978 a los 18 años durante una movilización pro autonomía andaluza, van a poder acceder este martes, 18 de noviembre, a la documentación "sin tachaduras" de la denominada Comisión de Encuesta de 1978 que realizó el Congreso de los Diputados en torno a la investigación de este trágico suceso.

Purificación, Francisca y Dolores, hermanas de Manuel José, tienen previsto desplazarse a la capital este martes junto a un periodista, un camarógrafo y miembros de la asociación que respalda a la familia que siempre "ha luchado por conocer el nombre de las personas implicadas en este suceso, y especialmente de quién realizó el disparo que acabó con la vida del joven".

Según un comunicado remitido por la asociación Manuel José García Caparrós, las hermanas de la víctima, Hijo Predilecto de Andalucía, tienen prevista su llegada a la sede de la cámara baja a las 11.00 horas donde serán recibidas por autoridades y funcionarios y después accederán a la documentación de la Comisión de Encuesta de 1978, en la que esperan encontrar respuestas a tantas preguntas que se han realizado durante casi 50 años.

Cabe recordar que la Mesa del Congreso dio luz verde el pasado martes por unanimidad a que las hermanas de Manuel García Caparrós puedan consultar íntegramente los documentos relativos a su asesinato que obran en poder de la Cámara, pero estos continuarán teniendo el carácter de secretos y, por tanto, no podrán divulgarlos.

"La documentación estará sin anonimizar y sin tachaduras pero no es pública, con lo cual es una desclasificación excepcional pero no es un desclasificación como tendría que ser de forma total y abierta", expone la familia, que considera que esto es "un paso adelante como también es otro paso más contra la impunidad, como el que está viviendo en estos momentos la familia de Teófilo del Valle, asesinado por la policía armada en 1976 en Elda (Alicante) y que una jueza ha llamado a declarar al policía implicado y al exministro Martín Villa como máximo responsable de la actuación policial".

En este sentido la asociación Manuel José García Caparrós continúa con el encuentro estatal de víctimas que está previsto en Logroño los días 23, 24 y 25 de enero y hace un llamamiento a colectivos y personas "a compartir este evento en este momento donde la lucha contra la impunidad está consiguiendo algunos pasos de futuro".

EL CONGRESO CAMBIÓ SUS NORMAS
Cabe recordar que el pasado mes de septiembre, dentro del Plan Parlamento Abierto, la Mesa de la Cámara aprobó unas nuevas normas para el acceso al archivo de la institución que abrían la puerta a la consulta de documentos que contengan datos personales, siempre que lo autorice el órgano de gobierno del Congreso.

Según esa nueva regulación, si en documentos preconstitucionales hay "datos nominativos o meramente identificativos de personas que no afecten a su seguridad o intimidad", se podrán consultar cuando el titular de esos datos haya fallecido o el solicitante "acredite la existencia de un interés legítimo".

A raíz de la aprobación de estas nuevas normas, las hermanas de García Caparrós volvieron a dirigirse a la Cámara para poder ver íntegramente toda la documentación relativa al expediente de su hermano.

NO ALTERA SU CARÁCTER JURÍDICO
Eso es lo que autorizó el pasado martes la Mesa del Congreso tras analizar la solicitud de las tres hermanas de García Caparrós y también el informe redactado al respecto por la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo de la institución. Ese documento subraya que aunque se autorice el acceso íntegro a esta información, la misma no deja de tener "carácter secreto".

"Dicha autorización, si se concede, no altera su estatus jurídico ni supone su publicidad general. En consecuencia, parece obligado advertir a las solicitantes que deberán respetar estrictamente su carácter reservado, no pudiendo difundirla ni reproducirla públicamente total ni parcialmente", apunta el informe, que también advierte de que la divulgación de los datos contenidos en el mismo "podría conllevar las correspondientes responsabilidades".