El Supremo sienta en el banquillo a Ábalos, Koldo y Aldama por presunta trama de mascarillas en la pandemia
Anticorrupción solicita hasta 24 años de prisión para el exministro en un juicio clave sobre contratos públicos durante la crisis sanitaria
El Tribunal Supremo inicia este martes uno de los juicios más relevantes vinculados a la gestión de la pandemia. En el centro del proceso se encuentran el exministro José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, acusados de presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas desde el Ministerio de Transportes.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que los tres habrían actuado de forma coordinada para beneficiarse económicamente de adjudicaciones públicas en un momento crítico, marcado por la urgencia sanitaria y la alta demanda de material de protección.
Penas elevadas y acusaciones graves
El Ministerio Público, liderado por el fiscal jefe Alejandro Luzón, solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para Aldama, además de importantes multas económicas que superan los tres millones de euros en algunos casos.
Los delitos que se les atribuyen incluyen organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. En el caso del empresario, la pena solicitada es menor debido a que ha reconocido parcialmente los hechos, lo que implica una atenuante por confesión.
Por su parte, las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, elevan aún más las peticiones de condena, reclamando hasta 30 años de cárcel para los principales implicados.
Una supuesta organización estructurada y continuada
Según el relato de la Fiscalía, los acusados no actuaron de forma aislada, sino que habrían conformado una estructura organizada y estable en el tiempo, con un reparto claro de funciones. Esta red, presuntamente, operó durante varios años aprovechando la posición de poder de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes.
El exministro es señalado como la figura central, quien habría aportado la capacidad de decisión e influencia política, mientras que Koldo García ejercía como su persona de máxima confianza, gestionando tanto tareas institucionales como otras de carácter más opaco. La Fiscalía describe incluso a Koldo como un auténtico “alter ego” del ministro, actuando en su nombre dentro y fuera de la administración.
El papel clave del empresario y las presuntas contraprestaciones
En este entramado, Víctor de Aldama habría desempeñado el rol de intermediario o “conseguidor”, utilizando su red empresarial para detectar oportunidades de negocio con la administración. Según la acusación, disponía de una interlocución privilegiada con el Ministerio, lo que le habría permitido anticiparse a las necesidades de compra de material sanitario durante la pandemia.
A cambio, siempre según la Fiscalía, se habrían producido contraprestaciones económicas continuadas, como pagos mensuales de hasta 10.000 euros, además de beneficios indirectos como alquileres de viviendas o servicios financiados a través de empresas vinculadas.
Un juicio con decenas de testigos y alto interés político
El proceso judicial se desarrollará a lo largo de 13 sesiones durante el mes de abril en el salón de plenos del Tribunal Supremo, un espacio de gran simbolismo institucional. Está previsto que comparezcan más de 70 testigos, entre ellos destacados cargos políticos y responsables públicos.
Entre las figuras que declararán —en algunos casos por escrito— se encuentran el ministro Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, quienes desempeñaban responsabilidades autonómicas durante la pandemia en territorios donde también se habrían adjudicado contratos vinculados a esta trama.
Asimismo, participarán ex altos cargos del Ministerio de Transportes, empresarios y agentes de la Guardia Civil que investigaron los hechos. Los acusados prestarán declaración en la fase final del juicio, previsiblemente a finales de mes.
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