La Fundación ONCE impulsa becas para que universitarios con discapacidad accedan a altos cargos públicos

Fundación ONCE lanza una nueva convocatoria para promover el acceso al empleo público de personas con discapacidad, una medida que busca cubrir las dificultades que enfrentan a pesar de la existencia de cupos específicos. El programa se centra especialmente en los cuerpos superiores de la Administración, destinados a jueces, fiscales, inspectores y otros profesionales de nivel A1 y A2, áreas donde la representación sigue siendo insuficiente.

Según la organización, “a pesar de los imperativos legales, las administraciones públicas no logran cubrir el 30% de las plazas reservadas para personas con discapacidad en los grupos A1 y A2”. Esto refleja, en sus palabras, “un déficit de representación, pérdida del talento y escasa oportunidad de conseguir una Administración diversa”. La iniciativa busca, por tanto, eliminar barreras y facilitar que el talento de estos universitarios se traduzca en presencia real dentro de los órganos de decisión y gestión del Estado.

Financiación y alcance del programa

El programa cuenta con un presupuesto máximo de 200.000 euros y ofrece ayudas económicas para sufragar parte del coste de preparación de las oposiciones a cuerpos y escalas del grupo A de la Administración General, las comunidades autónomas y las entidades locales. Además, esta edición amplía su alcance a las instituciones de la Unión Europea, siempre que los procesos selectivos requieran un título universitario equivalente al grupo A en España.

Fundación ONCE enmarca esta iniciativa dentro de su estrategia para contribuir a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, apoyando la educación inclusiva y de calidad, el trabajo decente, la igualdad de género y la reducción de las desigualdades. “Esta convocatoria es un paso tangible para garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a los mismos derechos y oportunidades que cualquier ciudadano”, señalan desde la entidad.

Requisitos y condiciones

Para poder optar a estas ayudas, los candidatos deben cumplir una serie de requisitos fundamentales. Deben tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, contar con nacionalidad española y poseer la titulación universitaria necesaria para acceder al cuerpo o escala correspondiente. Además, es imprescindible que estén matriculados en un centro especializado en la preparación de oposiciones o que reciban formación de un preparador de oposiciones del grupo A (A1 o A2) de cualquier administración pública española.

En términos económicos, la convocatoria establece que los aspirantes no deben estar disfrutando de otras ayudas similares ni percibir ingresos anuales superiores a 15.000 euros a través de pensiones o prestaciones incluidas en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas. De esta manera, se asegura que los recursos se destinen a quienes realmente requieren apoyo para superar los obstáculos que supone la preparación de estas oposiciones.

Plazos y procedimiento de solicitud

La presentación de solicitudes se realiza exclusivamente de manera telemática a través del Portal de Becas de Fundación ONCE (https://becas.fundaciononce.es/) hasta el 19 de octubre. Los beneficiarios de la edición anterior tienen la posibilidad de renovar la ayuda por un año más si continúan cumpliendo los requisitos. Cada beca asciende a un máximo de 5.000 euros, distribuidos en un 90% que se entrega en el plazo de 30 días desde que se adquiere la condición de becado y un 10% restante tras la presentación de la documentación justificativa. “El objetivo es garantizar que nadie quede fuera por motivos económicos y que el talento pueda desarrollarse en igualdad de condiciones”, afirman desde la fundación.

Impacto esperado y proyección

Con esta cuarta convocatoria, Fundación ONCE no solo busca cubrir vacantes en la Administración, sino también abrir camino a un cambio cultural profundo. La representación de personas con discapacidad en cuerpos superiores de la Administración sigue siendo insuficiente, y estas ayudas pretenden revertir esa situación, mostrando que la inclusión y la diversidad no son solo objetivos formales, sino estrategias para fortalecer el Estado y aprovechar todo el talento disponible.

En palabras de la organización, “esta iniciativa es una herramienta esencial para que los universitarios con discapacidad puedan acceder a los mismos puestos de responsabilidad que cualquier otro ciudadano, garantizando una Administración más inclusiva y diversa”. La combinación de apoyo económico, formación especializada y seguimiento de los becados permite crear un ecosistema de oportunidades que aspira a cambiar la realidad laboral de este colectivo en España.