Banco Popular

El Santander propone la recolocación de 585 trabajadores de Popular en otros departamentos del grupo, principalmente en el área tecnológica.

Este recurso se une a los cinco presentados recientemente por Las sociedades Finexperta, Eurosigma, Financiere Tesalia e Irsen Capital (José Mompó Sánchez), así como por la persona física Natividad de Mingo Sanz.

La comisión del Congreso que investiga la crisis financiera sostiene que el informe ya no debe ser confidencial una vez liquidada la entidad bancaria.

En tres autos el magistrado admite a trámite tres querellas contra el Banco Popular, los dos expresidentes y miembros de su Consejo de Administración

El presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España critica la tendencia a la concentración del sector financiero, que ya en España considera "elevada".

Las minusvalías del Popular son de carácter contable y no repercutirán sobre las cuentas de Santander.

La Audiencia Nacional expone que el FROB ejecutó la operación por decisión de la JUR y que las reclamaciones hay que dirigirlas a los tribunales europeo.

La Comisión de investigación de la crisis y el rescate había solicitado información sobre la resolución de la entidad financiera.

La mayoría de las querellas y denuncias que el fiscal del caso, Antonio Romeral, menciona en su escrito se dirigen contra las dos últimas cúpulas del banco.

El recurso presentado impugna la resolución del FROB por la que las acciones y los bonos junior de Popular fueron cancelados y la entidad vendida a Banco Santander por un euro.

Por ahora, la Comisión Europea alega que la publicación de esta documentación podría comprometer la estabilidad financiera de la Unión Europea y comprometer los "legítimos intereses comerciales" de Banco Santander.

Una empresa denuncia que la entidad le vendió acciones ocultándole la verdadera situación del banco quebrado en junio de 2017.

Más de 2.000 afectados recurrirán las decisiones de la Junta Única de Resolución y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. 

En esas fechas, las cuatro principales agencias de calificación rebajaron el rating de Popular tras la reexpresión de las cuentas anuales de la entidad, comunicada al mercado el pasado 3 de abril tras la auditoría interna.

La entidad tendrá que devolver a este médico jubilado el dinero cobrado por la adquisición de unos bonos convertibles y también los intereses legales percibidos por la misma.

Los afectados podrían indemnizados si se determina que habrían obtenido un mejor acuerdo bajo un concurso de acreedores.

A cambio de esta operación -valorada en 680 millones- la entidad presidida por Ana Botín exige que renuncien a emprender acciones legales contra el banco cántabro.

De acuerdo con la calificadora, el "apetito" de los inversores por la deuda híbrida y subordinada de los bancos regionales "más débiles" se ha visto reducido tras la reciente venta de Banco Popular.

Los hechos se remontan a agosto de 2007, cuando el demandante contrató un producto estructurado "muy complejo y de alto riesgo" valorado en 521.476 euros y por el que entregó 600.000 euros.

Bruselas y el BCE señalan que la transferencia de Banco Popular a Banco Santander necesita ser vigilada de cerca por las autoridades supervisoras.