Los investigadores apuntan que la realización de pruebas universales en esta población específica de pacientes es una prioridad de salud pública especialmente importante, dados los peligros potenciales de COVID-19 para la atención materna y neonatal durante y después del parto.
Las estimaciones indican que 6,2 millones de niños menores de 15 años murieron en 2018 y que, en 2017, más de 290.000 mujeres murieron por complicaciones durante el embarazo o el parto.
A día de hoy, hay 24 mujeres embarazadas en tratamiento antibiótico por este brote originado por el mal estado de carne y embutido de la empresa La Mechá.