Este cambio se produce tras la publicación de una Orden Ministerial en el Boletín Oficial del Estado (BOE), marcando un hito en la relación entre la Iglesia y el Estado español.
En el dictamen emitido el jueves, el BCE cuestiona distintos aspectos del impuesto, considerando que podría llegar a poner en peligro una transmisión fluida de las medidas de política monetaria y que el importe del mismo podría no ser proporcional a la rentabilidad de las entidades
Este mismo miércoles se inició el periodo de pago del tributo, el cual se puede hacer en línea desde la misma pantalla de consulta del padrón, ha informado la Generalitat en un comunicado.
El partido de Gobierno está diseñando un impuesto dirigido a aquellos que tengan un patrimonio superior al millón de euros.
El consejero delegado de CaixaBank considera que no habrá un impacto negativo en las cuentas de la entidad porque siempre ha cumplido la normativa vigente.
Argumenta que se trata de un "giro radical" en la jurisprudencia y que tiene "enorme repercusión económica y social".
Esta nueva tasa podría generar un factura de cinco mil millones de euros al año. Aunque para que entre en vigor debe ser aprobada por todos los Estados miembros.
Según las estimaciones del PSOE, estos dos nuevos impuestos permitirían recaudar más de 2.700 millones de euros anuales.
Cadena agroalimentaria solicitan una reunión de carácter "urgente" con Mariano Rajoy.
En Asturias solo IU apuesta por la medida y el Gobierno vasco ni se lo plantea. Otras comunidades aún no han debatido el tema.
La iniciativa también pedía al Gobierno "reorientar su política fiscal, priorizando la lucha contra la desigualdad y la pobreza, provocada, en gran parte, por las políticas laborales, fiscales y presupuestarias del Gobierno".
Todos los grupos parlamentarios con representación en el Congreso se han comprometido por escrito a derogar el impuesto al sol del Partido Popular e iniciar una negociación para aprobar un nuevo reglamento.
Cuatro comunidades autónomas han aplicado cambios con el comienzo de año en el impuesto autonómico sobre los carburantes, y las medidas van desde la eliminación del gravamen en Castilla y León hasta su implantación en Aragón, pasando por la reimplantación en Navarra y su devolución a los transportistas en Andalucía.