Da así la razón al Tribunal Constitucional y rechaza el recurso que presentaron Forcadell y otros 75 exdiputados autonómicos.
No sería la primera vez que un cargo judicial opta por apartarse en asuntos de índole política.
El que fuera delegado del Gobierno en Catalunya sostiene que Puigdemont nunca atendió a razones y que nunca quiso renunciar al "planteamiento políticamente suicida" de buscar la celebración de un referéndum de autodeterminación en Catalunya.
Como consecuencia de la crisis institucional y la inseguridad cuasada por la votación ilegal el 1-O, el volúmen de los depósitos en entidades de crédito se redujo en casi un 20%.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, reivindica el referéndum ilegal del 1 de octubre de hace un año, e incita a los ciudadanos de Cataunya a que sigan "apretando".
El magistrado del Tribunal Supremo pide al ministro de Hacienda que explique en que se basa para decir que no se gastó un euro público en el 1-O.
Los investigados por el 'procés' en prisión utilizan en su defensa las manifestaciones en las que el ministro de Hacienda afirma que ni un euro de dinero publico fue destinado a pagar la consulta ilegal.
Al que fuera jefe de los Mossos d'Esquadra durante la celebración del referéndum ilegal se le imputan los delitos de sedición y organización criminal.
Aplica el artículo 155 de la Constitución, que le otorga competencias de la Conselleria de Interior de la Generalitat.
Arranca la nueva legislatura en Cataluña: JxCat, ERC y la CUP aprueban una restitución simbólica del presidente cesado y actualmente en Bélgica, pero no lo han investido para evitar un nuevo contencioso con el Constitucional.
Según el Instituto Armado el empresario y su empesa, Mediapro, desempeñaron un papel clave en la celebración del referéndum.
Así lo señala un informe realizado por la Guardia Civil a instancias de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.
Advierte expresamente que el incumplimiento de esta orden puede acarrear "responsabilidades personales".
La denuncia presentada ante el Tribunal de Cuentas pretende que la Fiscalía depure "posibles responsabilidades contables, civiles, administrativas y penales" por el uso dinero público para el 1-O.